Adiós a la justicia universal
| Autor | Alejandro Gutiérrez |
MADRID.- Durante años los tribunales de España fueron la carta de presentación del país a escala mundial por la persecución y enjuiciamiento a dictadores, genocidas y terroristas. Los prestigiaba la aplicación del derecho internacional para castigar delitos contra los derechos humanos, como en los juicios contra el chileno Augusto Pinochet o contra los militares Adolfo Schilingo y Ricardo Miguel Ca-vallo, responsables de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura argentina. Pero su instrumento de enjuiciamiento tiene los días contados. El martes 11 el Partido Popular (PP), el cual tiene la mayoría en el Congreso de los Diputados, impuso el inicio del trámite legislativo para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial con lo cual se haría prácticamente imposible la aplicación del principio de justi-i universal en los tribunales españoles.
El proyecto de reforma establece para los casos de genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra que el sospechoso sea español o extranjero residente en España; en casos de tortura y desaparición forzada exige que la víctima sea española y el sospechoso esté en España, entre otros requisitos.
Ante periodistas en los pasillos del Congreso, el portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso, consideró necesario limitar la justicia universal para "evitar disputas inútiles que sólo generan conflictos diplomáticos". Y el partido de Rajoy fue más allá: la propuesta incluye una "disposición transitoria única" para que todas las causas actualmente abiertas queden sobreseídas.
Así quedarán en la impunidad casos que lleva la justicia española: los genocidios en Tíbet, Guatemala, el Sáhara y Ruanda; la muerte del camarógrafo español José Couso a consecuencia de un ataque del ejército estadunidense en Irak; las torturas, asesinato y extirpación de órganos de los seguidores del movimiento chino Falun Gong y el Caso del Holocausto, la querella de cuatro españoles sobrevivientes de los campos nazis.
También verán su fin las investigaciones sobre el asesinato del diplomático español Carmelo Soria a manos del régimen pinochetista; el asesinato de jesuitas en El Salvador, entre ellos el español Ignacio Ellacuría; el asalto de Israel a la Flotilla de la Libertad de Gaza, en mayo de 2010 y el ataque al campo de refugiados iraní de Ashraf, entre otros.
En la misma sesión parlamentaria los partidos de oposición se manifestaron contra la iniciativa y la criticaron de entrada porque se presentó como "proposición de ley", lo cual le permitió al gobierno y al PP tomar "un atajo" para evitar los informes de los órganos consultivos -el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal- pese a que se discuten modificaciones que afectan procedimientos de los jueces.
"Vergüenza"
La diputada socialista Soraya Rodríguez calificó la reforma de inconstitucional. Recordó que "España se había colocado a la cabeza en la defensa de los derechos humanos" y que las legislaciones de los países de la Unión Europea, como la de Francia, tratan de asemejarse a la española; ahora España quedará "en el tren de cola".
Directa...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba