Los adultos retrógrados sepultaron la ley sobre niños
| Autor | Arturo Rodríguez García |
La única iniciativa de ley con carácter “preferente” enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión –el pasado 1 de septiembre– fue promulgada en diciembre, pero naufragó debido al activismo del alto clero y de grupos ultracon servadores que la boicotean en un tercio de las entidades federativas.
Se trata de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDN) que, publicada el 4 de diciembre último, debió incorporarse a los marcos legislati vos locales antes del 6 de junio.
A este fracaso se suma el hecho de que el proyecto de presupuesto para 2016 planteado por el gobierno de Peña Nieto pide 40 millones de pesos para instrumentar lo mandatado en la norma, pero esa cantidad representa apenas 4% de los recursos que se requerían y que los legisladores recomendaron.
La "iniciativa preferente" es una facultad exclusiva del titular del Poder Ejecutivo. Consiste en enviar a cualquiera de las cámaras del Congreso -el día de inicio del periodo ordinario de sesiones- una propuesta de ley que el mandatario considere prioritaria y que no implique reforma constitucional: forzosamente debe ser votada en un mes o menos, y remitida a la cámara revisora para que la vote en el mes siguiente.
Peña Nieto aún estaba festejando lo que llamó "el periodo reformador" cuando presentó la iniciativa de la LGDN el 1 de septiembre pasado. Al día siguiente encabezó un acto donde detalló su contenido.
Durante un mes, el Senado modificó sustancialmente el proyecto. Hacía cinco años que organizaciones ciudadanas -la mayoría integrantes de la Red por los Derechos de la Infancia, Redim- intentaban impulsar la adopción de las normas internacionales en el marco jurídico mexicano, y lograron convencer al Senado de perfeccionar la iniciativa peñanietista mediante una revisión que involucró a cuatro comisiones y opiniones de organismos como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Una vez mejorada, la propuesta se aprobó y se envió a la Cámara de Diputados.
Entonces iniciaron las presiones. El 14 de octubre, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió un comunicado suscrito por su presidente, el arzobispo de Guadalajara, cardenal José Francisco Robles Ortega, y por el obispo auxiliar de
Puebla, Eugenio Lira Rugarcía. En ese texto se pronunciaron en contra de uno de los derechos que consagra la LGDN. Se referían a la inclusión del concepto "derechos sexuales y reproductivos", que según ellos no se entendía.
En 2008, y cuando era arzobispo de Monterrey, Robles Ortega ya había promovido una iniciativa panista para crear una Ley de la Familia que contenía matices homofóbicos. Su propuesta era...
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