Una batalla tortuosa

AutorAlejandra Xanic von Bertrab

El 2 de octubre de 2007, cuando los integrantes de la LX Legislatura federal sesionaban en el recinto de San Lázaro, la perredista Ruth Zavaleta Salgado los interrumpió: “Señores diputados, quien esté fumando puro o cigarro aquí adentro, le rogamos salir del salón…”

Si bien desde el año 2000 estaba prohibido fumar en edificios públicos, incluido el del Poder Legislativo, la petición de la presidenta de la Cámara de Diputados desencadenó una protesta entre los 500 legisladores de ese recinto, justo cuando debatían una nueva iniciativa para restringir todavía más el consumo de tabaco.

El problema no es menor si se considera que en el país se consumen 38 mil millones de cigarros al año y donde dos de cada tres médicos y más de una cuarta parte de los adolescentes son fumadores. De hecho, México es el tercer mercado más grande de América Latina en este rubro, por lo que las empresas tabacaleras lo consideran importante tanto por el consumo como por la influencia política que ejerce en la región.

En mayo de 2004 México firmó el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un instrumento global de salud pública que exige a los gobiernos adherentes un duro control de la industria del tabaco y de los fumadores.

Hoy, el Distrito Federal tiene la ley más severa del país en la materia, pues la norma correspondiente, aprobada a finales de 2007, prohíbe fumar en espacios cerrados. Y aun cuando en las dos últimas décadas el número de fumadores adultos en el país disminuyó de 26 a cerca de 16%, según datos oficiales, todavía se tienen problemas para controlar a los consumidores.

A las autoridades federales les llevó casi 30 años restringir la publicidad relacionada con el producto; 20 para lograr espacios libres de humo, y casi 10 para incluir leyendas en las cajetillas de cigarros para advertir a los consumidores sobre los riesgos que implica fumar.

El alza a los impuestos sugerida por la OMS ha encontrado resistencia en el Legislativo; además, la vigilancia sigue siendo débil, pues son 10 los inspectores de Salud federales que se encargan de vigilar que las cigarreras y otras industrias se ciñan a la norma.

México tiene 11 millones de fumadores. Y aun cuando el consumo disminuyó, las ganancias de las compañías tabacaleras se elevaron. Hoy, por ejemplo, venden más volumen de sus marcas de lujo. Ante este panorama, expertos en salud pública anticipan que cada año morirán hasta 60 mil mexicanos por enfermedades provocadas por el tabaco.

Para ellos, el enfoque mexicano “de avanzar con cambios graduales” es un mal ejemplo para otras naciones latinoamericanas. “No me sorprendería ver en otros países lo que ya vimos en México”, comenta el antiguo asistente del director general de la OMS, Derek Yach, quien ahora encabeza la Iniciativa de Salud Global de PepsiCo.

“Un gobierno capturado”

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) trabajó durante ocho meses para conocer el modus operandi de las empresas globales del tabaco. La investigación permitió conocer el tortuoso camino que recorre México en su intento por reducir el consumo del producto.

La organización, con sede en Washington, encontró una relación inusualmente cercana entre empresas y reguladores, así como una industria tabacalera pródiga en regalos y donativos “altruistas” a sus aliados políticos; cabilderos expertos en debilitar las medidas antitabaco, y argucias legales por parte de los empresarios del ramo, mediante las cuales se benefician de las “excepciones a las leyes antitabaco” que se lograron con tanta dificultad.

Alejandro Madrazo Lajous, integrante del Programa de Derecho a la Salud del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), se queja: “El gobierno de México es un gobierno capturado en su intento por empujar la agenda de las tabacaleras”.

El investigador sostiene que la Secretaría de Salud deberá impulsar regulaciones más severas y compara a los abogados del gobierno con los asesores legales de las compañías. Comenta: “Nunca he visto a ningún abogado de empresa defender con tanto ahínco los intereses de una empresa como (los) del jurídico de la Secretaría de Salud”.

Durante muchos años, las autoridades federales tuvieron más razones para defender los intereses de las tabacaleras que motivos para proteger la salud pública. Una de las razones es que entre 1972 y 1990 el gobierno federal tenía el monopolio de la industria de la hoja de tabaco que producían miles de campesinos y vendía la producción a los empresarios del ramo.

Hasta hace una década, la presencia de las firmas Philip Morris, distribuidoras de Marlboro, y British American Tobacco (BAT), productora de Camel y Pall Mall, era más o menos similar en el mercado nacional. Hoy, Philip Morris controla casi dos terceras partes del negocio del cigarro, y BAT sólo la tercera parte, de acuerdo con un reporte de mercado de Euromonitor International que incluye datos hasta 2008. No obstante, ninguna de las dos figuran entre las firmas más grandes de México, aun cuando Philip Morris tiene en su estructura corporativa al dueño de Grupo Carso, Carlos Slim Helú.

Slim Helú es algo más que un barón del tabaco; es el hombre más rico del mundo. Su fortuna asciende a 54 mil millones de dólares, según la revista estadunidense Forbes, que cada año publica la lista de los...

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