Cárceles para rellenar
| Autor | Santiago Igartúa |
México vive una de las peores crisis de su historia en materia de seguridad. Así lo señala la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), organización de derechos humanos, y la red mundial de investigadores y analistas Instituto Transnacional (TNI), de acuerdo con el estudio Sistemas sobrecargados: leyes de drogas y cárceles en América Latina, que ambas agrupaciones dieron a conocer el pasado jueves 9.
Según el documento, la estrategia del gobierno de Felipe Calderón en el “combate” al narcotráfico ha resultado fallida desde las leyes. Los altos niveles de violencia no son el único costo de ello: también lo son la cantidad y el perfil de la gente encarcelada como resultado de la legislación vigente.
Aunque el número de detenidos y recluidos ha sido un indicador utilizado por el gobierno para tratar de demostrar que el combate a la delincuencia organizada funciona, el estudio sostiene que “cientos de miles” de detenciones no resultan en consignaciones, menos aún en condenas.
La “detención fácil” que ejercen las autoridades es muestra de abuso y autoritarismo. “Muchas personas inocentes están siendo detenidas”, señala el reporte y remarca la “ineficiencia” o “ausencia” de investigación por parte de los agentes del Ministerio Público.
De los 226 mil 667 detenidos por delitos contra la salud entre 2006 y 2009 –cifras oficiales que obtuvieron WOLA y TNI), sólo 33 mil 500 –menos de 15%– fueron sentenciados.
Esa ha sido una crítica constante y creciente a la “ineficacia” del gobierno de Calderón en su “lógica de guerra” contra el crimen organizado, dice en entrevista Ana Paula Hernández, responsable del capítulo sobre México en el reporte Sistemas sobrecargados.
El documento señala que pese al discurso gubernamental, la legislación antidrogas en México ha servido principalmente para detener y encarcelar a personas cuya peligrosidad y papel en el tráfico de drogas es “mínimo”, así como para criminalizar a los consumidores.
Basado en una muestra “representativa” obtenida en Chihuahua, Jalisco y el Distrito Federal, el estudio revela que la posesión de mariguana genera el mayor número de sentencias por delitos contra la salud. Le siguen la posesión de cocaína, posesión de cocaína con fines de venta y posesión de mariguana con fines de comercio. En términos de consumo el principal narcótico es la yerba. No figuran las sentencias por delitos como tráfico, suministro, transporte, introducción o extracción de narcóticos del país.
“Vimos que no se detiene a operadores significativos para el negocio, sino consumidores y pequeños narcomenudistas que son fácilmente sustituibles: el último eslabón de la gran cadena que es el narcotráfico”, afirma Hernández.
El estudio de WOLA y TNI revela que en 2009, 75% de los consignados por tráfico de drogas...
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