Las comunidades indígenas, en riesgo por los megaproyectos
| Autor | Arturo Rodríguez García |
Propietarios originarios de la tierra y de los recursos que hay en ella, los pueblos indígenas enfrentan una amenaza: los megaproyectos energéticos, que trastornan a sus comunidades entre despojos, atropellos políticos y judiciales y la presión para que abandonen usos y costumbres ancestrales.
Lo mismo en los desiertos de Baja California que en los valles del Istmo de Te-huantepec, en la Sierra Norte de Puebla o alrededor del volcán Popocatépetl; en la costa del Golfo de México o a través de las planicies semidesérticas del norte, la realidad desmiente la campaña publicitaria del gobierno de Enrique Peña Nieto, que promete más inversiones, empleos y alimentos con la reforma energética.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlax-cala (FPDTA) lo documenta con datos oficiales: por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) estiman que 5% del agua del país se destina a abastecer las termoeléctricas, cuando toda la actividad industrial del país consume 4%. Tan sólo la termoeléctrica de Peta-calco gasta tres veces más líquido que toda la población del Distrito Federal.
De hecho el FPDTA surgió para coordinar a quienes se oponían al Proyecto Inte-gral Morelos (PIM), heredado por la pasada administración estatal y que pretende instalar dos termoeléctricas en la comunidad nahua de Huexca, en el municipio agrícola de Yecapixtla, Morelos.
A fin de alimentar esas plantas se extraería el agua del valle de Cuautla y del municipio de Ayala, y se las dotaría de combustible mediante un gasoducto que rodearía el Popocatépetl, para lo cual se expropiarían tierras de cultivo en comunidades nahuas de Tlaxcala, Puebla y Morelos. Además, siempre estaría latente el riesgo de una erupción.
Conforme a la tendencia del sexenio calderonista, el proyecto fue encargado a las empresas españolas Energás, Abengoa, Elecnor y OHL (Proceso 1870); esta última tuvo en su consejo de administración al actual director de Petróleos Mexicanos (Pe-mex), Emilio Lozoya Austin.
Como nunca se les informó ni consultó a las comunidades conforme a la ley para echar a andar el PIM, además de que ahora se les intenta imponer, el FPDTA investigó los problemas derivados de las termoeléctricas en el país. Juan Carlos Flores, integrante de la organización, afirma:
"La instalación de los gasoductos provoca la industrialización de la zona que atraviesan y la disminución de la tierra agrícola. Las termoeléctricas tienen un radio de afectación al aire de 50 kilómetros y la emisión de óxidos de nitrógeno reduce las cosechas 35%. Como se reduce la producción agrícola, se acaba con el agua de la zona y se instalan gasoductos; hay comunidades en vías de extinción."
En un artículo académico sobre el PIM...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba