Ecocidio, descontento social... y los mismos socios del poder

AutorRodrigo Vera

LERMA, ESTADO DE MÉXICO.- Don Rubén Orozco señala la enorme extensión de cascajo que sepultó las milpas de su comunidad, y se queja: "¡Mire nada más! El ayuntamiento de Lerma está enviando camiones repletos de cascajo para descargarlos sobre nuestros sembradíos. Es un crimen, un atropello. Esos terrenos son nuestros".

-¿Para qué descargan tanto material de demolición?

-El escombro servirá para emparejar el piso sobre el que se levantará la estación Lerma del tren México-Toluca. Ocupará un área muy grande; se dice que tendrá estacionamientos, sitios de taxis y hasta una terminal de camiones. Y todo se construirá sobre nuestras milpas.

-¿A ustedes se les pidió su consentimiento?

-¡No, para nada! Sin avisarnos, de buenas a primeras empezaron a llegar los camiones a tirarnos el escombro. Fue un acto de provocación del gobierno para amedrentarnos, porque después llegó gente de la empresa GAP, que trabaja para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a decirnos que la vía del tren pasará por nuestras casas y terrenos, por lo que nos conviene vender. Nos están ofreciendo alrededor de mil pesos por metro cuadrado.

A la sombra de unos altos y tupidos árboles, a don Rubén Orozco lo acompañan unos 30 habitantes de la comunidad rural Alfredo del Mazo, del municipio de Lerma, quienes se verán afectados por el tren. Son pequeños propietarios renuentes a abandonar su terruño. "Aquí nacimos", "son las tierras que nos dejaron nuestros abuelos", "no queremos vender", "no queremos salirnos", dicen mientras muestran sus títulos de propiedad que datan de principios del siglo XX.

Con ellos se encuentra el abogado José Luis Altamirano, quien los defiende de las afectaciones que ya padecen a causa del tren México-Toluca, una de las obras viales más ambiciosas del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Explica el abogado: "Alrededor de 180 propietarios de esta comunidad ya se ven perjudicados por las obras de la vía del tren, que tendrá una longitud de 58 kilómetros y una anchura de 32 metros. Por aquí pasará esa vía, partiendo en dos los terrenos de la comunidad, que en su mayoría son agrícolas. También afectará las viviendas de los pobladores y al ecosistema en general. En fin, trastocará toda la vida de la zona".

-¿El gobierno no planea darles indemnizaciones?

-Supuestamente la empresa GAP será la encargada de las indemnizaciones y de resolver todos los conflictos sociales provocados por la obra. Detrás de GAP está la SCT, que aportará el dinero. Ya empiezan a realizar ofertas de compra. Pero la gran mayoría de los pobladores se niega a vender, pues jamás los consultaron. ¡Imagínese! No se pidió la opinión de los afectados. La vía del tren se está construyendo arbitrariamente. Ese es el problema.

Cuenta el abogado que incluso el gobierno federal, a través de la...

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