Ejército sin fuero: decisión tardía e insuficiente

AutorJorge Carrasco Araizaga, Gloria Leticia Díaz

Pese a que es histórica, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de acotar el fuero militar será insuficiente para sancionar la mayoría de las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas en tiempos pasados y en la guerra contra el narcotráfico.

Por primera vez en la historia del Ejército, el máximo tribunal del país puso límite al fuero castrense en respuesta a la presión internacional que desde hace años había sobre el Estado mexicano para impedir que los militares se juzguen a sí mismos cuando violan los derechos de los civiles.

En su sesión del martes 12, el pleno de ministros de la SCJN resolvió –a instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh)– que las sentencias que dicten los jueces en todo el país deben apegarse a las normas nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos, incluidas aquellas que restringen el fuero militar.

La decisión, sin embargo, no se traducirá en que el Supremo Tribunal Militar entregue a la justicia civil los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares contra civiles. Abogados que han litigado contra el Ejército para reclamar la jurisdicción ordinaria coinciden en que pasará mucho tiempo antes de que los militares declinen su competencia.

La SCJN estableció que se aplicará la justicia civil “en casos futuros”. Más aún, partes implicadas en las conversaciones con el gobierno de Calderón para el cumplimiento de los cuatro fallos emitidos por la Corte Interamericana contra el Estado mexicano revelaron a Proceso que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) notificó a la PGR que no entregará los expedientes de esos casos.

Además dijeron que funcionarios y legisladores del PAN confiaron en que por lo menos durante la presente administración no se llevarían a cabo las reformas necesarias para restringir el fuero castrense porque “hay indicios de que ministerios públicos han sido cooptados por el crimen organizado, por lo que resultaría preocupante que éstos investiguen el actuar militar”.

Una posición similar expresó el coronel Aníbal Trujillo Sánchez, subdirector de Asuntos Internacionales de la División General de Derechos Humanos de la Sedena, quien al día siguiente de la resolución de la Suprema Corte aseguró que el narcotráfico está detrás de la mayoría de las quejas contra el Ejército interpuestas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Se trata del mismo funcionario que en una sesión privada en la sede de la Coidh en Costa Rica consideró “terrorífico” que se transmitiera en vivo la sesión del 28 de junio de esa Corte –donde se abordaría la desaparición forzada de tres jóvenes en Chihuahua– “por seguridad del personal militar presuntamente involucrado en el asunto” (Proceso 1809).

Efectos del combate al narco

La salida de los militares ordenada por Calderón para cazar a narcotraficantes significó un marcado aumento de las violaciones a los derechos humanos, incluidas las consideradas delitos de lesa humanidad, como ejecuciones arbitrarias, tortura y desaparición forzada.

Hasta el día en que la Suprema Corte acotó el fuero militar, en la CNDH había 6 mil 463 quejas contra el Ejército y la Marina, contadas a partir de 2006. Nueve de cada 10 de ellas se interpusieron contra la Sedena (5 mil 904). Contra la Secretaría de Marina hay 559, en su mayoría a partir de que Calderón ordenó el despliegue en todo el territorio nacional de los marines mexicanos.

La mayoría de las quejas son por abuso de autoridad pero también hay investigaciones por asesinato, tortura y desaparición forzada. En lo que va del año se han registrado 850 quejas; 703 contra el Ejército y 147 contra la Marina. Entre ellas hay nueve contra el Ejército por privación de la vida, 28 por desaparición forzada, dos por tortura y 353 por tratos...

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