El fantasma del genocidio
| Autor | Rafael Croda |
BOGOTÁ.- En solo 24 horas, entre el viernes 18 y el sábado 19, mientras el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC ultimaban los detalles de la ceremonia en que se firmaría el nuevo acuerdo de paz, tres líderes sociales fueron asesinados y otros tres sufrieron atentados en el sur del país.
El movimiento social y campesino Marcha Patriótica, al cual pertenecían cinco de ellos, de inmediato identificó como "para-militares" a los presuntos responsables de los homicidios y de los ataques.
Sólo en lo que va de este año, 18 dirigentes de ese movimiento han sido asesinados, 14 de ellos por paramilitares que, según organizaciones de derechos humanos, están al servicio de latifundistas, ganaderos, empresarios depredadores del medioambiente y caciques políticos regionales, entre otros.
"Es la extrema derecha, que no quiere la paz", dice a Proceso la presidenta nacional de la Unión Patriótica (UP), Aída Avella, sobreviviente del exterminio al que fue sometida esa organización política de izquierda en los ochenta y noventa.
Para Avella -quien en 1996 fue atacada en Bogotá por paramilitares con un cohete que casi da en el blanco-, lo que está en marcha en Colombia es "un plan general de estas fuerzas de ultraderecha para impedir la paz: esa es su apuesta desesperada".
Según un reporte de Somos Defensores, programa no gubernamental que protege a activistas humanitarios, entre el 1 de enero y el 23 de noviembre de este año han sido asesinados 70 dirigentes sociales en Colombia, siete más que la cifra de todo 2015.
El vocero de esa ONG, Carlos Guevara, considera que el repunte de homicidios -que ha ido acompañado de un alza en atentados, amenazas y desapariciones- es resultado del triunfo del "No" al acuerdo original de paz con las FARC en el plebiscito del pasado 2 de octubre.
Dice que si ese pacto hubiera sido aprobado en las urnas se habría puesto en marcha una unidad de investigación y des-mantelamiento de organizaciones criminales, incluyendo las sucesoras del paramili-tarismo y sus redes de apoyo, implicadas en el asesinato de líderes sociales.
El acuerdo derrotado en el plebiscito incluía, además, la creación de un mecanismo de seguridad para defensores de derechos humanos, dirigentes sociales, activistas políticos y campesinos promotores de la ley de restitución de tierras de 2011, la cual busca devolver predios despojados por paramilitares a sus legítimos propietarios.
"Todo esto quedó en un limbo con la derrota del acuerdo de paz en el...
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