Freno a la restauración del autoritarismo
| Autor | Jesús Cantú |
La contención de los afanes autoritarios de los distintos presidentes mexicanos desde ese momento hasta hoy fue posible por ese equilibrio de poderes que surgió el 1 de septiembre de 1997: primero, entre el Ejecutivo y el Legislativo, y, posteriormente, a partir de septiembre de 2000 (cuando el pleno de la Corte falló a favor de la solicitud de información de la Cámara de Diputados sobre el caso Foba-proa), entre los tres: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Hablar de restauración del autoritarismo no es exagerado, ni significa revivir fantasmas del pasado; es una realidad del México de hoy. Desde luego, a nivel de los presidentes mexicanos la historia de las represiones y matanzas es interminable, por más que se quieran negar u ocultar y que la Fiscalía Especializada en la Atención de los Delitos del Pasado haya fracasado en su intento de fincar responsabilidades penales a los responsables.
Basta recordar los cientos de perredis-tas asesinados durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, las dos docenas de periodistas que también cayeron abatidos o los casos de comunicadores que fueron forzados, por diversas vías, a abandonar sus medios de comunicación por resultar incómodos para el presidente en turno. Sin mencionar los excesos de Raúl Salinas.
Todavía más presentes están los abusos y atropellos de los gobernadores priis-tas de Oaxaca, Ulises Ruiz (con flagrantes violaciones a los derechos humanos, según la recomendación de la CNDH por el conflicto con la APPO, y con varias decenas de luchadores sociales asesinados); de Puebla, Mario Marín (con la persecución y encarcelamiento de la periodista Lydia Cacho, en el caso de Kamel Nacif); de Coahuila, Humberto Moreira (con el excesivo endeudamiento de la hacienda pública, violando todas las leyes); o de los tamaulipecos Tomás Yarrington y Eugenio Hernández (con sus vínculos con el narcotráfico).
Pero incluso el mismo candidato Enrique Peña Nieto tiene su historia de abusos y excesos, entre los que se encuentra la represión en Atenco, en la que el Pleno de la Corte reconoció que hubo violación generalizada de los derechos humanos, pero procurando no atribuir responsabilidades directas al gobernador -aunque él mismo reconocería en la Universidad Iberoamericana que era el único responsable. Asimismo, tenemos la reforma electoral a modo que Peña Nieto consiguió para asegurar la permanencia en el poder de su partido, gracias a la mayoría que logró en el Congreso local a través de los diputados...
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