El del general Tomás Ángeles, otro caso fabricado

AutorJorge Carrasco Araizaga

Apenas ocurrió el cambio de poderes se empezó a evidenciar de manera oficial que la violación al debido proceso fue una constante en el gobierno de Felipe Calderón. Horas antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación liberara a la ciudadana francesa Flo-rence Cassez, se empezó a derrumbar otro de los grandes "éxitos" del sexenio pasado: La detención del general de división en retiro Tomás Ángeles Dauahare, el militar de más alto rango acusado dentro de la "guerra al narcotráfico" del expresidente. A la Procuraduría General de la República (PGR) de Jesús Murillo Karam le resultará difícil sostener las acusaciones de delincuencia organizada fincadas por su antecesora Marisela Morales con el apoyo del entonces subprocurador Cuitláhuac Salinas y el teniente coronel de infantería y ahora coronel Avigaí Vargas Tirado, uno de los enclaves que tuvo el Ejército en la PGR durante el gobierno de Calderón.

Por sus servicios en la PGR, donde ha hecho parte de su carrera de servidor público, sobre todo en el sexenio pasado, Calderón ascendió a Vargas Tirado al grado de coronel del Ejército en la promoción de ascensos en las Fuerzas Armadas el pasado 20 de noviembre, 10 días antes de que acabara su gobierno.

Requerida judicialmente por el abogado defensor del divisionario, Ricardo Sánchez Reyes Retana, la PGR aseguró que no tenía manera de comprobar que el general retirado fue protector del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, cargo por el que el gobierno de Calderón le enderezó la acusación de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. En un escrito entregado al juez Tercero de Distrito en Procesos Federales con sede en el penal del Altiplano, en Toluca, Estado de México, Raúl Valerio Ramírez, la PGR le respondió al abogado que las declaraciones de los "testigos protegidos colaboradores" no están corroboradas de manera convincente, salvo el hecho de que el encausado fue servidor público de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedeña).

Con el número de oficio DGCPPAM-DO/707/2013, difundido inicialmente por el periódico Reforma el martes 22 de enero, la PGR aludió a los dichos de los testigos identificados con las claves Jennifer y Mateo, quienes acusaron de oídas a Tomás Ángeles de aprovechar sus distintos cargos de jefe militar para proteger a los Bel-trán Leyva.

El abogado Roberto López Nájera, jen-nifer, y Sergio Villarreal Barragán, El Grande, quien se convirtió en colaborador de la PGR con el alias de...

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