El gobierno de Calderón acordó con el de Obama el tráfico ilegal de armas

AutorJorge Carrasco Araizaga

Detrás de sus críticas a Estados Unidos por la liberación de la venta de armas largas, el gobierno de Felipe Calderón concertó con la administración de Barack Obama la introducción ilegal de aquéllas a México, destinadas a la delincuencia organizada. El gabinete de seguridad nacional estuvo enterado y hasta participó en operaciones clandestinas diseñadas en aquel país para introducir los cargamentos, en el marco de la "guerra al narcotráfico" del entonces presidente.

Conforme avanzan en el Congreso estadunidense las investigaciones del operativo Rápido y Furioso se acumulan las pruebas contra personajes del gobierno de Calderón.

El más señalado ha sido el flamante ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, procurador General de la República en el sexenio anterior.

Pero no es el único exfuncionario del sexenio pasado implicado. En la investigación especial del Congreso estadunidense también se alude a su ahora colega, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, antes titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Los otros implicados son los extitulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar), de Seguridad Pública (SSP), de Relaciones Exteriores (SRE), así como el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y hasta personal de la Oficina de la Presidencia de la República.

La organización no gubernamental [Des] arma México, integrada por académicos y abogados, ha recuperado de esa investigación los documentos que implican a México. A partir de ellos, el pasado 23 de septiembre presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que indague a las autoridades mexicanas que supieron y "posiblemente participaron" en distintos operativos del gobierno estadunidense.

"Queremos que el Ministerio Público Federal investigue y dé los nombres de los funcionarios de primer nivel y operativos que integraron una red de relaciones con las diferentes agencias estadunidenses encargadas de los programas de seguridad bilateral", dice en entrevista el denunciante y uno de los fundadores de [Des]arma México, Gonzalo Agui-lar Zinser.

Dos meses después, el 28 de noviembre, esa organización ciudadana ofreció a la PGR pruebas, consistentes en documentos oficiales de Estados Unidos, para la identificación de los probables responsables de ese tráfico ilegal de armas que han sido utilizadas en distintos delitos en México. Pero el Ministerio Público Federal mantiene congelada la investigación.

Hasta ahora el caso más conocido en el cual se han utilizado algunas de esas armas es la matanza de jóvenes y adolescentes en la colonia Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en enero de 2010, víctimas a quienes Calderón inicialmente señaló como delincuentes.

Otra arma de alto poder, un Barret calibre .50 que puede ser utilizado como misil antiaéreo, le fue incautado en 2009 al Cártel de los Beltrán Leyva cuando libraba una batalla con el Cártel de Sinaloa en el norte del país.

"Sabemos de hechos delictivos con algunas de esas armas en Oaxaca, San Luis Potosí...

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