El gobierno le teme al "caudillo" Mireles
| Autor | Francisco Castellanos J. y José Gil Olmos |
El pasado 18 de enero José Manuel Mireles fue notificado formalmente de que el juez V de Distrito con sede en Urua-pan, Michoacán, Jorge Armando Wong Aceituno, desechó la solicitud de sobreseimiento del proceso penal que se le sigue por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, además de delitos contra la salud.
Mireles lleva un año y medio en el penal de alta seguridad de Hermosi-llo, Sonora. Su defensa y sus familiares sostienen que se le está juzgando con criterios políticos y el gobierno no lo quiere dejar en libertad porque lo ve como un riesgo de desestabilización.
Sin embargo, para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán, Víctor Manuel Serrato, Mireles no es un criminal sino un "caudillo" que se atrevió a enfrentar al crimen organizado como no lo hicieron el gobierno estatal ni el federal.
Afirma que ese combate a los delincuentes justifica que Mireles tuviera armas: "Con ñores no los hubiera podido combatir. Además la Constitución permite que se usen armas para defender la vida propia, la de su familia o la de su pueblo. Por eso digo que no es un criminal".
En entrevista, Serrato puntualiza que la comisión estatal acompañará el proceso que se le sigue a Mireles y que ya presentó ante el juez un escrito donde justifica jurídica y socialmente el uso de las armas.
Considera que una causa excluyen-te a favor de Mireles es que se armó para asumir la protección de su familia y su comunidad, responsabilidad que el Estado mexicano había abandonado.
Recuerda también que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedeña) registró todas las armas que utilizaron las autodefensas y, junto con el entonces comisionado federal para Michoacán, Alfredo Castillo, permitieron que se utilizaran para enfrentar a los sicarios.
Y resume: "Estamos convencidos de que es un caudillo y no un criminal".
El exdirigente de las autodefensas michoacanas tenía esperanzas de que las pruebas presentadas por su abogado, Ignacio Mendoza Jiménez, sustentarían que de 2013 a 2014 el comisionado Castillo autorizó que las autodefensas portaran armas para combatir al grupo criminal Los Caballeros Templarios.
Pero el juez desechó las fotos, publicaciones periodísticas y grabaciones que se presentaron, en las cuales se evidenciaba que el general Miguel Ángel Patino Canchóla, excomandante de la 43 Zona Militar en Apatzingán, presenció los acuerdos entre Castillo y los dirigentes de las autodefensas.
Días antes de la decisión de Wong Aceituno, el doctor Mireles difundió una disculpa en redes sociales:
"Aprovecho este mensaje para pedir perdón al gobierno mexicano y a sus...
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