Golpe de Estado silencioso

AutorJohn M. Ackerman

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha presentado en la Cámara de Diputados una iniciativa para una nueva Ley de Seguridad Interior, que tiene el objetivo de normalizar la participación inconstitucional de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y de control social interno.

La aprobación de este proyecto implicaría una transformación radical del papel de los militares en la vida nacional. Normalmente, los soldados solamente pueden participar en asuntos de "seguridad nacional". Y el artículo 129 de la Constitución es absolutamente claro: "En tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar".

Sin embargo, la propuesta del diputado César Camacho Quiroz, en cumplimiento de órdenes giradas por Enrique Peña Nieto y el secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, habilitaría a los militares para involucrarse directamente en asuntos de "seguridad interna". Y este concepto es definido de la manera más abstracta y general: cualquier asunto que "ponga en peligro la estabilidad, seguridad o la paz pública".

Con la nueva ley, los militares ya no se dedicarían exclusivamente a defender el territorio patrio y a suplir a las autoridades civiles en casos de emergencia, sino que se transformarían en responsables permanentes del "orden" interno y, por lo tanto, en una fuerza política pluripo-tenciaria y autónoma capaz de intervenir por voluntad propia en casi cualquier momento. Es decir, se autorizaría formalmente la persecución castrense de la oposición política y los movimientos sociales en todo el país.

Desde que Felipe Calderón sacó a los soldados masivamente a las calles en 2006, supuestamente para combatir el narcotráfico, el gobierno federal ha dicho que la militarización de la seguridad pública era necesaria como una medida estrictamente temporal, mientras se avanzaba en el proceso de depuración y profesionalización de los cuerpos policiacos municipales, estatales y federales.

Hoy, 10 años más tarde, vemos que Calderón mintió desde el primer momento. La profesionalización policiaca nunca avanzó y ahora los partidos del Pacto por México han decidido simplemente reemplazar a los policías con militares.

Hace unos meses, el PRIANRD ya reformó tanto el Código de Justicia Militar como el Código Militar de Procedimientos Penales, con el fin de permitir que los ministerios públicos y tribunales militares se entrometan de manera indiscriminada en...

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