Resumen
Lejos de sacar al Estado mexicano del atolladero jurídico internacional en que se encuentra por su desacato a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el mes pasado la SCJN ratificó que debe ser el Ejército y no la justicia civil el que juzgue delitos del fuero común cometidos por militares. Los abogados de una mujer cuyo marido fue asesinado por soldados en Badiraguato, en 2008, señalan que los ministros emitieron su fallo con base en elementos ajenos a los hechos.
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Extracto
La guerra antidrogas, ante la CIDH
La estrategia “contra las drogas” del gobierno de Felipe Calderón ya llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a una demanda contra el Estado mexicano por violaciones graves a los derechos humanos cometidas por miembros del Ejército.
La demanda, la primera de su tipo contra el gobierno de Calderón, fue presentada por Reynalda Morales Rodríguez, viuda de Zenón Alberto Medina López, una de las cuatro personas ejecutadas arbitrariamente por militares en la sierra de Badiraguato, Sinaloa, en marzo de 2008. Patrocinada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Frente Cívico Sinaloense y el Centro de Análisis e Investigación Fundar, Morales acudió a la CIDH luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidiera dejar la in...Ver el contenido completo de este documento
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