Hank Rhon y el Poder Judicial ocultan deuda de gobiernos
| Autor | Arturo Rodríguez García |
Al admitir a trámite dos amparos interpuestos por Grupo Financiero Interacciones -que preside el magnate priista Carlos Hank Rhon-, el Poder Judicial de la Federación puso en juego el derecho de los ciudadanos a conocer a detalle el monto de las deudas contratadas por los tres niveles de gobierno.
Interacciones dobló a los juzgadores Martín Adolfo Santos Pérez y Juan Pablo Gómez Fierro, cuya decisión de analizar la constitucionalidad del derecho de acceso a los contratos de bancos con gobiernos se dio después de la alerta emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por los altos montos de deuda contratados en 10 entidades federativas.
Los dos jueces consideraron que otorgar suspensiones provisionales a Interacciones "no priva a la colectividad de algún beneficio ni se le genera daño, sino que por el contrario, de entregarse la información solicitada se consumaría irreparablemente". Esto significa que, para los garantes de la constitucionalidad, el derecho a saber es un "daño irreparable" en este caso.
No es la primera vez que Proceso enfrenta una batalla legal para ejercer el derecho de acceso a la información. En 2006, por ejemplo, solicitó acceso a las boletas electorales de la elección presidencial, y recorrió todas las instancias en México y los organismos internacionales durante siete años, hasta que en 2013 el Comité de Derechos Humanos de la ONU falló a favor del Estado mexicano avalando el no acceso y la destrucción de boletas. Al respecto, la revista expuso:
Este semanario "ya no tiene otro recurso. Sin embargo, podemos decir con orgullo que esta batalla contra la impunidad político-electoral valió la pena" (Proceso 1921).
Con tal convicción, esta revista y su director, Rafael Rodríguez Castañeda, han dejado claro que ejercer a plenitud el derecho de acceso a la información forma parte de su línea editorial.
Entre otros casos, esta publicación también se amparó contra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en 2009 se negó a entregar el expediente de una queja interpuesta por el propio semanario contra la Secretaría de Seguridad Pública, argumentando que contenía información de averiguaciones previas no susceptibles de transparencia. Cuatro años después, en febrero de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio la razón a Rodríguez Castañeda, promovente del amparo.
Con ello se sentó un precedente para la apertura de averiguaciones previas, algo hasta entonces imposible (Proceso 1893).
Esta vez, entre los argumentos de Interacciones destaca que, de transparentarse los contratos de deudas y otros instrumentos, se vulnerarían los secretos empresarial, fiscal, bancario y fiduciario y se le causaría un daño como entidad financiera.
Ante las actuaciones judiciales, este reportero solicitó ser incluido como tercero interesado en los dos juicios promovidos por Interacciones, en virtud de que el asunto tiene su origen en dos solicitudes de información realizadas como parte de un trabajo de investigación que se desarrolla en esta empresa editorial. Para la representación jurídica se designó al abogado Luis Miguel Cano, quien también llevó los casos de las boletas y el de la CNDH.
En los últimos meses, Cano ha invocado el carácter público de la información, pues desde la Constitución se establece que...
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