Las huellas de los militares
| Autor | Marcela Turati |
En un arranque de enojo, impotencia y desesperación, padres y madres de los 42 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que permanecen desaparecidos acudieron el jueves 18 a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, para exigir a los militares que les entreguen vivos a sus hijos y los acusaron de su desaparición forzada. Dos días antes, en una conferencia de prensa, las familias ya habían exigido a la Procuraduría General de la República (PGR) abrir una línea de investigación sobre la participación de las fuerzas federales -Ejército y Policía Federal- en el ataque y posterior desaparición de los estudiantes, así como en torno a la obstrucción de las labores de búsqueda.
Estas demandas se basan en las nuevas pistas publicadas por Proceso 1989 en el sentido de que, el 26 de septiembre -a través del guerrerense Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo al que tienen acceso fuerzas estatales y federales, o C4-, tanto militares de ese batallón como policías federales estuvieron enterados de la ruta que seguían los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, y de la persecución y cacería que sufrieron en Iguala, donde fueron emboscados y 43 de ellos desaparecidos -actualmente son 42, pues el sábado 6 fueron identificados mediante el análisis de ADN los restos del estudiante Alexander Mora Venancio.
Desde que la PGR tomó la investigación del caso, el procurador Jesús Muri-llo Karam ha defendido a los militares del 27 Batallón de Infantería -ubicado a kilómetro y medio del periférico de Iguala, donde se realizó el ataque-, a pesar de las evidencias de que los soldados no sólo permitieron que, durante más de tres horas, policías municipales y sicarios agredieran a los estudiantes, sino que cuando los militares salieron del cuartel y encontraron a un grupo de alumnos que se escondía con un herido, los regañaron, amenazaron y ficharon.
Desde el reportaje titulado Inacción militar que olió a complicidad (Proceso 1984) del 8 de noviembre se planteaba que el personal del 27 Batallón no sólo no acudió a verificar qué pasaba afuera de sus instalaciones ese 26 de septiembre y negó atención a los heridos; también se le acusaba de haber obstaculizado la búsqueda de los estudiantes.
En ese entonces ya había evidencias de que dicho batallón no atendió las denuncias recibidas antes de la tragedia sobre el comportamiento criminal de las policías de Iguala y Cocula, y de que tenía una excelente relación con el...
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