Incongruente y riesgoso discurso presidencial
| Autor | Jesús Cantú |
De cara a las elecciones presidenciales del 2018 la respuesta no se hizo esperar: alinear señales y discursos en el combate a la corrupción.
Se concretó la convocatoria al periodo extraordinario del Congreso para aprobar una parte del paquete legislativo anticorrupción; la PGR interpuso acciones de inconstitucionalidad contra los llamados sistemas de blindaje de los gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua; Peña ungió en la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI a Enrique Ochoa Reza, parte de este primer círculo, y dispuesto a enarbolar la bandera anticorrupción; y, desde luego, se decidió que el mismo presidente encabezara dicha cruzada.
Aunque en los discursos oficiales (el de Ochoa Reza y el de Peña Nieto) únicamente se reconoce la corrupción en las instancias estatales y municipales, ellos sabían que el tema cobró la máxima relevancia, nacional e internacional, principalmente por los escándalos del gobierno federal, por lo cual se requería un golpe mediático espectacular para proyectar la imagen de que el mismo presidente lide-raría dicho combate.
Para ello, qué mejor que hacer algo totalmente inusual, prácticamente sin antecedentes, como el que un jefe de Estado pida perdón por alguno de sus actos. El escándalo de la "Casa Blanca" estaba dibujado: vinculado con la lucha anticorrupción, según el presidente, sus asesores jurídicos y hasta el exsecretario de la Función Pública, el acto era plenamente apegado a derecho, pero había provocado indignación en la sociedad. Lo retomaron y ocuparon los principales espacios en los medios nacionales.
Sin embargo, más allá del impacto mediático, las incongruencias entre el discurso y la realidad son inocultables. Primero, el presidente promulga una legislación que le es inaplicable; en México, el titular del Ejecutivo federal no puede ser juzgado por actos de corrupción, pues el párrafo segundo del artículo 108 constitucional es enfático: "El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común" y, de acuerdo con las leyes, ninguno de los delitos vinculados a la corrupción son calificados como graves. Esto contrasta con lo que sucede en otros países. Basta revisar los acontecimientos en curso en Guatemala y Brasil.
Segundo, prometen acabar con la impunidad, pero hasta el momento todas las investigaciones de las autoridades responsables (como la del entonces titular de la SFP, Virgilio...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba