Indolencia de Peña Nieto, ante la ola de feminicidios
| Autor | Rosalia Vergara |
Nadia Alejandra Muciño Márquez tenía 17 años y cotidianamente iba de su casa, en el municipio mexiquense de Nicolás Romero, a la escuela de computación. Un día de 1997 conoció a Bernardo López Gutiérrez, un microbusero de 22, que comenzó a cortejarla. Se hicieron novios y meses después decidieron vivir en unión libre.
En cuatro años procrearon a Carlos, José y Fernanda, pero para entonces su vida ya había cambiado: Bernardo la amedrentaba, la golpeaba, la violaba.
La conducta de su pareja, así como los problemas económicos y las frustraciones, hartaron a Nadia Alejandra, que en 2001 se mudó a otra ciudad. Él la encontró, le pidió perdón y le prometió cambiar. Nadia Alejandra aceptó volver.
Tres años después, el 12 de febrero de 2004, Bernardo y su hermano Isidro presuntamente asesinaron a Nadia Alejandra enfrente de sus hijos de cinco, cuatro y dos años. Simularon un suicidio. Los padres de la víctima, María Antonieta y Rafael, encontraron el cuerpo rígido de la veinteañera en el baño, colgado con un lazo de la viga que sostenía el techo de lámina de cartón.
Cuando los padres denunciaron los hechos, la policía estatal no mostró interés; sólo tomó fotos, describió el lugar de los hechos y levantó el cadáver.
Al paso del tiempo, el 9 de agosto de 2005, el Ministerio Público consignó a Bernardo y su hermano Isidro por el homicidio. En septiembre de 2007 declararon 14 testigos y se dictaron órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables, pero hasta la fecha Bernardo no ha sido juzgado, mientras que Isidro sí, pero el 5 de febrero del año pasado apeló la decisión del juez y fue absuelto por “no acreditarse el cuerpo del delito”. Está libre.
Por eso, el 5 de octubre de 2010 la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) interpusieron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las irregularidades del caso y la impunidad imperante. La queja está en curso.
De igual forma, ante los datos oficiales de que en el Estado de México se cometieron 922 homicidios dolosos entre enero de 2005 y agosto de 2010, la CMDPDH y el OCNF solicitaron que el gobierno federal emitiera una alerta de género, pero a decir de Sergio Méndez, integrante de la primera organización, su petición fue desechada por motivos políticos.
En entrevista, Méndez explica que desde 2006, todavía en los inicios del gobierno del priista Enrique Peña Nieto, se encendieron los focos rojos por el aumento de los feminicidios en la entidad. En febrero de ese año, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres de la Procuraduría General de la República (PGR) reportaba 379 de esos crímenes en Toluca, lo que situó a la capital mexiquense en primer lugar en feminicidios, aun por...
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