El infierno de ser testigo protegido
| Autor | Ricardo Ravelo |
Después de trabajar como policía ministerial en Durango, uno de los enclaves del cártel de Sinaloa, Carlos Iván Meraz Medina se vinculó a la organización criminal encabezada por Sergio Villarreal Barragán, El Grande, actualmente preso por delincuencia organizada.
Del infierno que vivió en el narcotráfico, Meraz afirma que pasó a otro peor: el programa de testigos protegidos, donde fue sometido a presiones, amenazas y, pese a traer escoltas, fue objeto de un atentado en Durango. “Sospecho que los mismos agentes que me cuidaban me quisieron matar”, señala.
Además, el expolicía de menos de 40 años teme ser asesinado por las organizaciones y los capos que incriminó ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), cuyos funcionarios, dice, ya no le contestan las llamadas.
A principios de 2000, Meraz Medina se incorporó a la Policía Ministerial de Durango. En 2003, su jefe, el comandante regional Antonio García Artea, le dijo: “Te voy a comisionar con un importante empresario para que lo cuides”. Se trataba de Villarreal Barragán, quien se hacía pasar por empresario y era una pieza importante del cártel de los hermanos Beltrán Leyva en la Comarca Lagunera.
Así conoció los entramados que cobijan el negocio de las drogas y algo más: “Vi cómo policías, agentes del Ministerio Público y altos funcionarios están a las órdenes del narcotráfico”, dice Meraz Medina, quien durante casi cuatro años fungió como testigo protegido de la Procuraduría General de la República (PGR), pero renunció a ese programa en noviembre pasado.
En entrevista con Proceso detalla que de 2003 a 2007 trabajó para la organización de Villarreal Barragán, primero como escolta de su esposa y de sus hijas y luego como uno de sus guardaespaldas personales.
“Con él viajé a todas partes. Íbamos a Morelos, Sinaloa y al Distrito Federal para entrevistarnos con Arturo Beltrán Leyva, quien era el jefe de Sergio Villarreal, pues en ese entonces mi jefe a su vez tenía a su cargo los estados de Durango y Chiapas y le reportaba a Arturo todo lo que ocurría en esos territorios.”
Pero el 14 de enero de 2007 fueron ejecutados el padre y la madre de Carlos, el activista Jaime Meraz Martínez y María de Jesús Medina; su hermano Jaime Meraz Medina y Jorge Vázquez Serrato, chofer de la familia. Todos fueron torturados y acribillados.
Según el entrevistado, el homicidio múltiple fue ordenado por Sergio Villarreal Barragán a petición de Francisco León, quien se disputaba con Jaime Meraz la candidatura del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al Senado por el estado de Durango.
“Pancho León y mi padre eran enemigos políticos, y me enteré de que Pancho era apoyado por Sergio Villarreal y le pidió apoyo para que ejecutaran a mi familia”, dice. Afirma que en la campaña de Pancho León había dinero del narco y que altos líderes del PRD, que entonces le daban su respaldo, sabían quiénes lo financiaban.
Tras la muerte de sus familiares –que sigue sin esclarecerse, pese a que en la PGR le prometieron investigar el...
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