La investigación oficial: un catálogo de deficiencias
| Autor | Gloria Leticia Díaz |
Más allá debate provocado por la imposibilidad de que los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos hayan sido calcinados en el basurero de Cocula, Guerrero, o la sospecha de que detrás de los ataques perpetrados la noche del 26 al 27 de septiembre esté el narcotráfico, el informe del Grupo Interdisci-plinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa constituye un catálogo de malas prácticas de las autoridades en materia de búsqueda de desaparecidos. Éstos son algunos de los señalamientos hechos por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que estudió el caso merced a un acuerdo de colaboración técnica firmado en noviembre del año pasado con el gobierno de Enrique Peña Nieto: Hubo omisiones graves en las indagatorias de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero (PGJ) y la Procuraduría General de la República (PGR), que atrajo tardíamente el caso; no se resguardaron las escenas del crimen, y algunas de ellas ni siquiera fueron consideradas como tales; se confirmaron fallos a la hora de obtener los videos de cámaras instaladas en Iguala así como a la hora de considerar testimonios clave; las autoridades estatales, federales y del Ejército desprotegieron a los normalistas, y al menos 77% de los detenidos presentaba lesiones, posiblemente provocadas por tortura.
De más de 500 hojas, el documento divulgado el domingo 6 y conocido en la víspera por los padres de los jóvenes desaparecidos no es otra cosa que un análisis minucioso del expediente oficial de 115 tomos. El trabajo del GIEI detecta inconsistencias y ausencias, y pone especial atención en confirmar o descartar la viabilidad jurídica de la "verdad histórica" decretada el 27 de enero por el entonces procurador Jesús Murillo Karam.
De los avances del GIEI fue enterada la sucesora de Murillo, Arely Gómez, durante los primeros seis meses de trabajo de ese grupo, integrado por los colombianos Ángela Buitrago y Alejandro Valencia; la guatemalteca Claudia Paz y Paz, el chileno Francisco Cox y el español Carlos Martín Beristáin.
Por eso no hubo sorpresas cuando el viernes 4 los cinco expertos, reconocidos internacionalmente por su trabajo jurídico y de atención a víctimas de graves violaciones a derechos humanos, entregaron a Gómez el documento.
"El contenido del informe lo fue conociendo la procuradora durante el desarrollo de la investigación del GIEI. Tal vez por eso no parecía extrañada con el resultado el viernes que le entregamos el informe", narra Cox, entrevistado el miércoles 9, un par de horas antes de que él y el médico Beristáin acudieran al Senado a presentar el documento.
Cox es un prestigioso abogado chileno educado en Inglaterra y Estados Unidos, tiene un posgrado en derecho en la Universidad de Columbia, de Nueva York, y se desempeñó como procurador en la Oficina del Defensor Penal Público en Washington, D.C.
Él está convencido de que la investigación del caso Ayotzinapa requiere de la intervención del GIEI por seis meses más, pese a que durante el primer medio año de labores "fue muy difícil que se nos diera información. Había gente que estaba en los alrededores cuando ocurrió al primer ataque o durante la conferencia de prensa de los muchachos pero que tenía mucho miedo; otra más que estaba en ese segundo...
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