Otra ley paliativa
| Autor | Marcela Turati |
En el ocaso del sexenio caldero-nista y el último día de sesiones del Poder Legislativo, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Víctimas que pretende lograr una reingeniería del sistema de justicia en favor de las víctimas de la violencia, que activaría mecanismos para la reparación de los daños y permitiría elaborar un diagnóstico del perjuicio originado durante el periodo de la narcoguerra en términos de personas asesinadas, desaparecidas, desplazadas, extorsionadas, heridas, que perdieron sus bienes, y ampara también el daño a sus familias.
La aprobación, el pasado 30 de abril, de esta ley que reconoce los derechos de las víctimas de la delincuencia común, de organizaciones delictivas y de agentes del Estado fue aplaudida por la sociedad civil, activistas y políticos. Significa la creación del Registro Nacional de Víctimas, el Registro Nacional de Datos Forenses, un fondo para la reparación del daño y que se enuncien derechos, como la restitución, indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición.
"Es un día histórico", festejó después de la aprobación el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), encabezado por el poeta Javier Sicilia, quien logró hacer visibles a las víctimas de la violencia y puso sus necesidades en la agenda política.
En una carta escrita desde Estados Unidos, Sicilia señaló: "(La ley) no resuelve ni las causas ni el origen de la violencia ni de la impunidad. Tampoco resuelve los profundos agravios de la estrategia fallida de la guerra contra las drogas, pero muestra, al reconocer la realidad y la necesidad de justicia de las víctimas, la debilidad del Estado y la poca voluntad de quienes conducen este país para enfrentar la actual emergencia nacional desde una agenda estructural, y sienta una mínima base para enfrentar a la situación actual. Por fin, al final del sexenio, con más de 50 mil muertes, más de 20 mil desapariciones y más de 160 mil desplazados, tenemos la posibilidad de un registro nacional de víctimas y de desaparecidos, y un fondo económico para sus indemnizaciones. (...) Falta todavía que el presidente de la República firme para que se promulgue la ley. Su demora sería un crimen".
En espera de que el presidente Felipe Calderón la promulgue, algunos legisladores y representantes de organizaciones se cuestionan el uso político que pudiera darle para "lavarse la culpa" de la violencia desatada durante su sexenio, si no se traslapa con otras leyes y si realmente habrá voluntad política y presupuesto para aplicarla el próximo sexenio.
Las organizaciones de víctimas del interior del país y organizaciones de derechos humanos cuestionadas por Proceso manifiestan que apenas estudiarán la ley ya que no fueron consultadas por el Movimiento ni por el Legislativo para su elaboración.
El MPJD señala que la aprobación se dio a pesar de un "camino de tensiones y dudas, frenos y retrasos", en alusión al comportamiento de la Secretaría de Gobernación que hasta el último momento se empeñó en torpedearla con el argumento de que el Estado no tiene dinero para llevarla a cabo.
Por la carencia de un registro confiable de víctimas nadie tiene claro cuánto costará su aplicación.También se podría convertir en la muerte de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas (Províctima), creada apenas el año pasado, porque la nueva ley la sustituye con otras instancias.
"(La ley) pone el dedo en la llaga porque exhibe los problemas más severos dentro de esta violencia: las fracturas de un sistema de justicia que arroja 98% de impunidad, la...
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