Monumento al lavado de dinero
| Autor | Jesusa Cervantes |
La creación del programa federal cetes-directo –que permite la compra de bonos gubernamentales desde 100 pesos– prendió los focos rojos entre analistas que lo ven como una “ventana” para el lavado de dinero, pues el nuevo instrumento de deuda autorizado por Felipe Calderón no impide que se mezclen el dinero criminal y el de procedencia lícita.
Al darlo a conocer el pasado 26 de noviembre, Calderón expuso que el programa “nos va a permitir abrirle las puertas a todas las personas (pues) a través de una página de internet cualquier mexicana, cualquier mexicano, puede ahorrar, puede invertir cantidades que eran impensables, desde 100 pesos y de manera fácil y confiable”.
De acuerdo con el nuevo esquema, los interesados en comprar Certificados de Tesorería (Cetes) por internet sólo deben presentar su Registro Federal de Causantes, así como su Clave Única de Registro de Población y la firma electrónica que otorga el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Hasta el momento el gobierno no ha dicho si hay reglas para cerrar el paso al posible blanqueo de capitales ni tampoco al uso discrecional de los recursos obtenidos por la venta de los bonos, con los que se pretende financiar “la estructura de gasto público”.
Esta forma de allegarse dinero –que funciona en países como Estados Unidos e Italia– llama la atención del investigador y analista del crimen organizado Edgardo Buscaglia, quien afirma: “La economía mexicana está inundada de dinero criminal”; el país, dice, tiene “un sistema diseñado para que se lave capital”.
Entrevistado por Proceso, el especialista comenta que el objetivo de la delincuencia organizada es legalizar su dinero, asegurarse de que las divisas que obtienen en sus negocios se “oficialicen”.
–¿El programa cetes-directo puede prestarse al lavado?
–¡Claro que sí! Vender bonos no tiene nada de malo. El problema no esta ahí, sino en que los diques de contención para impedir que el dinero sucio se mezcle no están.
El SAT, ausente
Desde Afganistán, donde realiza una encomienda para la ONU para impedir la penetración del crimen organizado en el país asiático, Buscaglia advierte que en el caso de México el SAT, encargado de fiscalizar los movimientos financieros, “brilla por su ausencia”; lo mismo sucede con los fiscales electorales, a quienes corresponde impedir que las precampañas y campañas sean financiadas con dinero sucio. “En México –dice– no hay una política orquestada o dirigida a frenar estos dineros”.
Un ejemplo de lo ineficaz que es el SAT es el de la verificación de empresas constituidas ex profeso para lavar dinero o que fueron fundadas con recursos ilegales. Es el caso de al menos seis firmas de Ismael El Mayo Zambada, uno de los capos del cártel de Sinaloa. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) dio cuenta de ello en un reporte fechado el 17 de mayo de 2007.
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