Ya nadie le cree a Chuayffet
| Autor | Santiago Igartua |
La tarde del 29 de mayo, en la antesala de los comicios intermedios en el país, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió un breve comunicado, que en tres líneas anunciaba la suspensión "indefinida" de todos los procesos de evaluación docente que soportan la reforma educativa.
La medida se convirtió en uno de los asuntos más convulsos del sexenio y, oculto el gobierno, el escándalo de inmediato se atribuyó a uno más de los pactos entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y la disidencia magisterial, que amenazaba con boicotear las elecciones.
Pero la suspensión de las pruebas tenía un objetivo adicional, orquestado desde la SEP en connivencia con la Presidencia de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), según pudo acreditar Proceso con una fuente de alto nivel, próxima a la negociación:
El plan era desgastar económicamente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a través de la instauración de reglas convenidas con el SNTE, alineado con el gobierno, que venía perdiendo terreno ante la disidencia y que controla el Partido Nueva Alianza (Panal), instituto político que en retribución habría pactado con el PRI para que éste lograra la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.
Y es que detrás de ese arreglo está en juego una bolsa de 51 mil millones de pesos que la federación pagaba anual e indistintamente a los maestros de todas las corrientes sindicales, a través del programa de Carrera Magisterial, como estímulos derivados de las evaluaciones que incrementaban hasta en 200% el salario de los docentes.
Para reducir ese gasto, el artículo decimotercero transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente marcaba precisamente el final de mayo como límite para expedir el Programa de Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica, que establece nuevas y más estrictas reglas para pagar los sobresueldos.
Fue así que el domingo 31 de mayo, a unas horas de la suspensión de las evaluaciones, la SEP publicó el nuevo programa de incentivos que, según sus lineamientos, "operará a partir del presupuesto regulari-zable de Carrera Magisterial", conquista de Elba Esther Gordillo, que operó desde 1992 entre escándalos de corrupción.
Entre las nuevas reglas, el programa dispone que únicamente quienes obtengan resultados sobresalientes en la Evaluación de Desempeño o de Permanencia (la suspendida el 29 de mayo) podrán tener incentivos mediante pagos mensuales, con repercusiones en aguinaldo y prima vacacional, que pueden ir de 35 a 180% del sueldo base, según el nivel alcanzado.
Motivada por hacer este ajuste, la SEP terminó por alterar el Calendario 2015 de Evaluaciones del Servicio Profesional Docente (SPD), en el que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) establece acciones, fechas y responsabilidades para cumplir con los procesos de evaluación.
Dicho calendario fue modificado el 22 de junio. Al documento se le agregaron siete cuartillas con múltiples cambios, principalmente en el apartado de la Evaluación del Desempeño.
El INEE negó una entrevista solicitada por Proceso con dos semanas de antelación y, a través del área de comunicación, aseguró que dichas modificaciones no tenían relación alguna con la suspensión de los procesos del 29 de mayo.
Sin embargo, Hugo Aboites, doctor en educación pública por la Universidad de Harvard, analizó para este semanario los cambios en el documento del INEE: "Sin especificar cuáles, es muy claro que incluyeron la entrega de instrumentos, con...
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