La nueva procuraduría, un fraude
| Autor | Verónica Espinosa |
SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- La Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos, que anunció Felipe Calderón con motivo de su V Informe de Gobierno y que decretó el martes 6 en el Diario Oficial de la Federación es una respuesta totalmente alejada de lo que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que apoyan a familiares de desaparecidos le plantearon formal- mente a partir del diálogo en Chapultepec con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
La abogada Ángeles López García, del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez (CDHVD) de Guanajuato, que forma parte del grupo de organizaciones que desde finales de julio mantiene mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación y la PGR para revisar al menos 200 casos de desaparecidos en entidades del norte del país, reclama: “Se anuncia una procuraduría de corte asistencialista para las víctimas, en lugar de una fiscalía que investigue”.
El CDHVD apoya a familiares de jornaleros desaparecidos en su trayecto a Estados Unidos, así como a los parientes de los cazadores leoneses desaparecidos en el sur de Zacatecas en diciembre de 2010 ( Proceso 1796).
La fiscalía que el grupo encabezado por la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila (Fundec) propuso a Segob y a la PGR debe estar conformada por un equipo multidisciplinario vinculado directamente a la oficina del procurador general de la República –en este caso Marisela Morales– y cumplir tareas como la elaboración de un protocolo de investigación y búsqueda de desaparecidos conforme a estándares inter- nacionales, así como la atracción de casos, con un equipo de profesionales que sean confiables para los familiares.
“No un fiscal, sino una fiscalía con estructura y recursos, con perfiles consensuados con las organizaciones, es lo que pedimos. Por eso lo que ofrece Calderón está muy, muy lejos de esa propuesta”, señala López García.
Estas organizaciones de la sociedad civil han logrado agrupar a familiares y documentar casos de desapariciones de personas en Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Durango, Coahuila y Tamaulipas ( Proceso 1798), los cuales fueron presentados al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas durante su visita, “y los seguimos presentando; ellos los han admitido y permanecen abiertos, hasta que se encuentre a la persona”, agrega.
Según datos del Movimiento por la Paz, por cada homicidio que han logrado registrar hay ocho desaparecidos, de los cuales cinco han sido...
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