El DF, panteón de las conquistas laborales
| Autor | Rosalía Vergara |
La afirmación es categórica: en la capital de la República no existe una política jurídico laboral progresista que vele por los intereses de los trabajadores. Aquí, 90% de los contratos colectivos de trabajo -más de cien mil-registrados ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) son de protección; es decir que son pactados en secreto por los líderes sindicales y los empresarios.
El colmo, afirman los laboralistas Arturo Alcalde Justiniani y Alfonso Bouzas Ortiz, es que un gobierno presuntamente de izquierda -el del PRD- haya aprobado un conjunto de criterios que hacen imposible el ejercicio del derecho de asociación y de contratación colectiva. "Se condena a los trabajadores y trabajadoras de la Ciudad de s México a vivir sometidos a los sindicatos que decida el patrón", manifiestan an en entrevista con Proceso. El decreto antisindical -llamado "boletín de criterios" y aprobado por la JLCA el pasado 25 de octubre- generó un gran malestar entre las organizaciones sindicales democráticas, ya que impone requisitos que no podrán cumplir los trabajadores que deseen tener un sindicato real o un contrato colectivo verdadero. Se trata de 330 nuevos requisitos, pero "en realidad son más de 300 obstáculos que impiden los derechos colectivos en nuestra ciudad", añaden los entrevistados.
Varios laboralistas señalan que los autores intelectuales de dicho decreto son Tomás Natividad, de la Coparmex, y Guadalupe Guerrero, secretaria general de asuntos colectivos de la JLCA y quien -según el personal de esa dependencia consultado y que pidió el anonimato- es la "mandamás" de la Junta desde hace muchos años, sin importar quién aparezca como presidente de la misma. En esta ocasión es Ramón Montaño Cuadra.
Diversas organizaciones sindicales democráticas, entre ellas el Sindicato de Telefonistas, la Unión Nacional de Trabajadores, el Frente Auténtico del Trabajo, los sindicatos de la Universidad Iberoamericana, del Montepío, de la Red de Transporte Público y otros interpusieron amparos ante diversos jueces de distrito denunciando el decreto de la JLCA por violar la Constitución y convenios internacionales, pero sobre todo porque deja a los trabajadores de la Ciudad de México en estado de indefensión.
De las centrales obreras oficiales la única que se sumó a la protesta fue la Confederación Regional Obrera Mexicana. El resto de las centrales, entre ellas la CROC y la CTM, han guardado silencio pues, afirman los entrevistados, sus líderes viven de los contratos de protección patronal que les asignan los abogados empresariales. Uno de los líderes sindicales entrevistados manifestó: "Para qué protestamos si a nosotros no nos ponen los trabajadores; con quien debemos estar bien es con los empresarios".
Este problema hizo que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) emitiera un punto de acuerdo para echar abajo los cambios a 330 modificaciones a las reglas de la junta y realizara el jueves 8 el foro "Los alcances del decreto antisindical de la JLCA-DF" que, denuncian abogados y especialistas, afectan a la democracia y a la libertad sindicales. Día a día crecen las condenas, entre otras...
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