El papá de Mouriño despoja a ejidatarios
| Autor | Rosa Santana |
CAMPECHE, CAMP.- Próximo a extinguirse el calderonato que la llevó a la cúspide del poder, la familia del desaparecido Juan Camilo Mouriño aprieta el paso para consumar el sueño que acaricia su patriarca, Carlos Mouriño Atanes: apropiarse del ejido Lerma, cuyas tierras ya comercializa para su Campeche Country Club.
Mouriño Atanes reapareció en público el pasado 26 de agosto para la presentación de su proyecto inmobiliario y el arranque de la etapa de preventa de lotes, pese a que las tierras aún están en litigio: Un grupo de ejidatarios lucha por conservarlas.
El Campeche Country Club -impulsado por el Grupo Energético del Sureste por medio de su inmobiliaria Supermex- será una suma de lujos: constará de 304 lotes residenciales y tendrá campo de golf de 18 hoyos, canchas de tenis, de racquetball y futbol y una alberca semiolímpica.
Además, según se anunció en la presentación, tendrá "la más extensa y espectacular playa de Campeche". Será artificial, para lo que se pretende quitarle arena a los bancos de Xpicob, una microrregión aledaña que, aunque no está bajo régimen de protección oficial, es un ecosistema donde coexisten al menos unas 15 especies protegidas o en peligro de extinción.
Oro por espejitos
Con los incondicionales de Juan Camilo distribuidos en las dependencias federales y el ayuntamiento de Campeche, y con la venia del gobierno estatal, los Mouriño echaron a andar su plan para despojar a los ejidatarios de Lerma de las tierras donde se construye el Campeche Country Club.
El 20 de enero de 2008 se celebró una asamblea ejidal en la que por primera vez apareció un grupo de empresarios encabezado por Antonino Almazán Arteaga -cuyo nombre se menciona en numerosos asuntos de despojo de tierras en la península yucateca- "para exponernos su interés en adquirir las tierras ejidales para un proyecto que ya tenían", explica Pedro Celestino May, líder del Movimiento Campesino Tierra y Libertad, agrupación que se creó posteriormente para defender el ejido.
Almazán ofreció a los ejidatarios parcelar las tierras que hasta ese momento eran comunales.
"Nos dijo: 'Les parcelaré para que tengan la certeza jurídica de su tierra hasta alcanzar el dominio pleno y como sé que no tienen dinero me pagarán con tierras'", relata.
Añade: "Yo me levanté para decirle a Antonino que no se podía cobrar con tierra porque era el patrimonio de nuestras familias, le pedí a la gente que no firmara, que lo analizaran con su familia y se asesoraran legalmente".
Pese a la oposición de la mayoría de los ejidatarios presentes en esa asamblea, el comisariado ejidal firmó el contrato con la empresa de Almazán, Instituto de Capacitación y Asesoría Integral de México, para que ésta parcelara las tierras comunales. A ese encuentro asistieron 95 de las 172 personas enlistadas en el padrón de ejidatarios. De los asistentes sólo 28 respaldaron con su firma el contrato.
Pero 25 de los inconformes iniciaron un juicio de nulidad de esa asamblea; no obstante, el magistrado del Tribunal Agrario de Campeche, Juan José Pérez Palma, ya fallecido, falló contra los promotores del juicio. En los tribunales con sede en Cancún se les concedió el amparo y se ordenó...
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