Peña Nieto quiere militarizar los puertos
| Autor | Jenaro Villamil |
La ambiciosa iniciativa del Ejecutivo federal para militarizar la administración y el transporte de pasajeros y mercancías en las 110 capitanías de puerto mexicanas, enviada en marzo pasado al Congreso, ha generado una abierta oposición de empresarios marítimos, pilotos navales, autoridades civiles, agentes aduanales y algunos legisladores de oposición.
Se trata de una amplia propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la Ley de Puertos, para que la Secretaría de Marina (Semar) se convierta en la máxima administración marítima del país, "a fin de evitar confusiones y vacíos de autoridad ante la autoridad marítima nacional e internacional".
En la exposición de motivos se argumenta que la Semar "cuenta actualmente con los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir, entre otras atribuciones, con el ejercicio de la soberanía y la autoridad en las zonas marinas mexicanas; garantizar el cumplimiento del orden jurídico nacional en dichas zonas; proteger el tráfico marítimo, fluvial y lacustre; intervenir en la prevención y control de la contaminación marina y salvaguardar la vida humana en el mar, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en materia de marina mercante".
Darle esas atribuciones a la Semar equivale a otorgarle a la Fuerza Aérea Mexicana el control de los aeropuertos del país. Si se aprueba la reforma, la dependencia será la responsable de otorgar los permisos para la prestación de servicios de transporte marítimo de pasajeros y de turismo náutico; autorizar arribos y despachos de las embarcaciones y artefactos navales; abanderar y matricular las embarcaciones; administrar los registros nacionales de la gente del mar y de embarcaciones; inspeccionar y certificar a las embarcaciones mexicanas y extranjeras; cumplir con los tratados y leyes en materia de seguridad y protección marina y portuaria; imponer sanciones por infracciones, "así como nombrar y remover a los capitanes de puerto", entre otras.
La iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto reduce a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que tiene a su cargo la autoridad marítima a través de las Administraciones Portuarias Integrales (API), a encargarse del "fomento y desarrollo portuario, el control y capacitación de la marina mercante, las obras marítimas portuarias y de dragado", así como "las concesiones, permisos y sus tarifas y, en general, toda actividad productiva, de negocios y generadora de recursos económicos".
El primer sector en protestar públicamente ante esta iniciativa fue el Frente Unido de Marinos Mercantes (FUMM), que rechazó el proyecto porque "es una acción contraria al espíritu de la Constitución General de la República", según declaró el 29 de marzo el...
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