Peña Nieto, verdugo mediático
| Autor | Ernesto Villanueva |
Desde el gobierno de Felipe Calderón se inició esta tendencia, que tuvo en los casos de Florence Cassez (quien finalmente fue absuelta por una atendible resolución de la Suprema Corte de Justicia que no resolvió si Cassez era culpable o no de los delitos que se le habían imputado, sino si se había observado o no el debido proceso, empezando por el montaje preparado para los medios por el gobierno federal), de Arturo Beltrán Leyva, quien después de ser abatido por la marina fue cubierto de billetes de dólares estadunidenses por los propios elementos de la Secretaría de Marina y difundidos profusamente por los medios, y del Michoaca-nazo, que fue ampliamente publicitado y el cual acabó por caerse al ser absueltos todos los presuntos responsables.
Estos casos entrelazaban juicios mediáticos con juicios de derecho a instancias del poder público.
Con Peña Nieto se inauguró una nueva forma de "sancionar" a los adversarios al gobierno: el juicio mediático sin juicio de derecho. Sobra decir que este estilo personal de gobernar se encuentra por entero al margen de la ley y lastima los derechos humanos esenciales de quienes se han visto en estos "casos". El más emblemático es el de Kate del Castillo, quien sigue pidiendo que la PGR le defina su situación jurídica, lo que hasta ahora, también violando la ley, no ha sucedido.
Kate fue linchada en el tribunal de los medios que siguió, en forma mayoritaria, el guión oficial-filtraciones de por medio de la propia autoridad- para dinamitar la imagen de la actriz, medida que al final del día no logró su cometido, aunque pudo haberlo logrado.
Lo grave es que ese juicio mediático prohibido por la Constitución y la ley fue puesto en marcha por el gobierno federal contra una ciudadana. Lo que en un Estado de derecho hubiera pasado era, primero, integrar una sólida averiguación previa en sigilo, solicitar orden de aprehensión si se tuvieran los elementos requeridos, y después, sólo después, hacer que la información trascendiera a los medios. Pero el gobierno actuó exactamente al contrario de sus atribuciones legales.
El mismo comportamiento ilegal se reprodujo con Lucero Guadalupe Sánchez López, exdiputada local de Sinaloa, quien fue llevada a la hoguera de la inquisición mediática por una supuesta relación con Joaquín Guzmán Loera. El escándalo llegó a tal punto que hasta su desafuero fue solicitado por Ricardo Anaya, dirigente nacional de su propio partido, el PAN, quien incluso amenazó a su fracción...
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