Preguntas para el Ejército

AutorGloria Leticia Díaz

Aun año y medio de la desaparición forzada de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, con más de un centenar de presuntos responsables en prisión y una averiguación de casi 200 tomos (PGR/SDHPDSC/ OI/001/2015), para los familiares de las víctimas y sus representantes aún hay mucho por hacer.

En un documento entregado a la procuradora Arely Gómez el pasado 18 de febrero, observan que en la investigación "no sólo no se ha terminado de esclarecer el acto criminal, sino que además ni siquiera se han comenzado a dilucidar las relaciones que se dieron tanto en el grupo criminal como con actores políticos, mismas que posibilitaron una atrocidad".

Padres y madres de los 43 normalistas, así como abogados del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan -acreditados como sus representantes- solicitan que se desahoguen al menos 140 diligencias para alcanzar la verdad y la justicia en un caso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe Situación de los derechos humanos en México, considera "un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado".

Entre otras diligencias, piden a la PGR solicitar información a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedeña), así como tomar declaraciones a militares, en concordancia con lo solicitado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) conformado por la CIDH para el esclarecimiento del caso.

"Macrocriminalidad"

En el documento, del cual Proceso tiene copia, familiares y representantes de los normalistas piden a la PGR abordar la investigación desde la perspectiva de "macrocriminalidad", ya que hasta ahora sólo se ha limitado a presentar los vínculos de funcionarios y policías de los municipios de Iguala y Cocula con Guerreros Unidos, omitiendo los "posibles vínculos ilegales que dicho grupo podría tener con servidores públicos de otros municipios e incluso de los ámbitos estatal y federal".

Entre algunas de las medidas que tendría que tomar la PGR está la de interrogar a ocho militares y dirigir 25 oficios a la Sedeña, a la Procuraduría General de Justicia Militar, a la XXXV Zona Militar y al 27 Batallón de Infantería para recabar información específica.

En apego al derecho de coadyuvancia de los familiares de las víctimas, consagrado en la Constitución y en tratados internacionales firmados por México, la dependencia tendría que realizar las diligencias independientemente de que asuma las indicaciones que la CIDH expone en su informe: "Atender las recomendaciones del GIEI conforme a las atribuciones conferidas en su mandato, específicamente su solicitud reiterada de entrevistarse con los integrantes del Ejército, así como para visitar el Batallón 27 y continuar con las investigaciones del caso".

Tras una revisión minuciosa de las declaraciones de integrantes del 27 Batallón de Infantería, del 3 y 4 diciembre de 2014, y la ampliación de algunas de ellas del 2 de marzo, 26 de agosto y 11 de septiembre del año pasado, los representantes legales de los padres y madres de los 43 consideran necesario que la PGR llame a comparecer al comandante de la XXXV Zona...

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