El PRI: hora de cumplir
| Autor | Héctor Tajonar |
La Ley Reglamentaria en Telecomunicaciones propuesta por el Ejecutivo contraviene la letra y el espíritu de la reforma constitucional en la materia, debido a que: fomenta la preponderancia de una empresa televisiva en lugar de la competencia; limita la autonomía y las facultades del IFT; prolonga la fecha fijada para el apagón analógico; ignora los derechos de las audiencias; impone a la Secretaría de Gobernación como entidad superviso-ra (¿censora?) del contenido de los medios, y permite la publicidad disfrazada (Jenaro Villamil, Proceso 1953).
La aprobación de la Ley Reglamentaria de Telecomunicaciones en los términos en que fue enviada por el Ejecutivo al Senado sería una prueba contundente del compromiso contraído por el presidente Enrique Peña Nieto con Televisa para lo-grar su victoria en las elecciones de 2012 mediante una estrategia de comunicación concebida, producida y emitida por dicha televisora, lo cual minaría por siempre la legitimidad de su mandato.
Adicionalmente, se confirmaría el renacimiento de un presidencialismo autoritario sustentado en el desdén de la Constitución -y en la maleabilidad de las leyes que de ella emanan-, al igual que en el añejo sometimiento del Congreso a las órdenes del Ejecutivo, maquillado por un pluralismo enteco alimentado por la cooptación.
El laberíntico disimulo ha sido sigilosamente planeado: Un senador panista de corazón tricolor, quien funge como presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, lleva la voz cantante en defensa de la llamada Ley Peña-Televisa, de la mano de una senadora perredista de altos vuelos; ambos en alianza con la bancada del PRI, en especial con la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos. Todo para que no se diga que la ley reglamentaria fue aprobada mediante "mayo-riteo". Hay que prever las suspicacias para poder acallar las críticas.
Revertir la esencia de una reforma constitucional calificada de histórica a menos de un año de su promulgación significaría una burla al estado de derecho, además de una señal inequívoca de que la prioridad del actual gobierno es satisfacer los intereses de los empresarios cercanos al régimen por encima de los intereses de la nación. Tal engaño develaría la perpetuación de un patrimonialismo basado en la oscura colusión del poder político con poderes oligárquicos, fuente de corrupción a gran escala.
Lo que está en juego es el futuro de la democracia mexicana y la legitimidad del actual gobierno. Enrique Peña Nieto...
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