Un proyecto en ciernes: legalizar el cultivo de la amapola
| Autor | José Gil Olmos |
Entre las autoridades federales circula desde el año pasado un documento que propone legalizar el cultivo de la amapola con fines médicos y científicos. Contiene un proyecto cuya finalidad es atender al creciente número de enfermos que padecen dolores intensos y no tienen acceso a los medicamentos derivados del opio, ayudar a las poblaciones pobres donde se cultiva ilegalmente la planta e impactar en las finanzas del crimen organizado, el cual gana anualmente más de mil millones de dólares por el trasiego ilegal de heroína y opio a Estados Unidos.
El documento -titulado oficialmente Propuesta de legalización del cultivo de amapola. Fines científicos y médicos, y fechado en noviembre de 2015- evalúa la posibilidad de reformar el marco legislativo e institucional en materia de protección a la salud para permitir la producción de amapola en México y destinarla al procesamiento y distribución de medicamentos para aliviar padecimientos crónicos.
La idea es legalizar su cultivo y aprovechar los plantíos ya existentes, concentrados en al menos cinco entidades -Duran-go, Nayarit, Sinaloa, Chihuahua y sobre todo Guerrero— de las 13 donde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha erradicado en los últimos dos años 15 mil 633 hectáreas de esa planta.
La propuesta -elaborada por un grupo especializado de asesores gubernamentales- se apoya en que ya existen marcos normativos internacionales que lo permiten y señala los ejemplos de Turquía e India, donde la legalización de la amapola se realizó con éxito en 1933 y 1947, respectivamente.
Pero se advierte la posibilidad de que esta propuesta provoque malestar en algunos países.
De hecho se cree que podría haber presión internacional contra esta iniciativa de ley, principalmente de parte de Estados Unidos, el mercado más grande de opioides (derivados de los opiáceos) ilícitos producidos en México.
Estados Unidos y el Reino Unido, por ejemplo, se opusieron a la legalización del cultivo de amapola en Afganistán en 2009; argumentaron que una parte de la producción se iría al mercado ilícito y sería muy costoso establecer un sistema de monito-reo y control para la siembra.
No obstante la propuesta sostiene que en México hay condiciones para que prospere, pues de acuerdo con un estudio del Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas y Opinión Pública hay muchos ciudadanos a favor de la legalización de la producción y consumo de estupefacientes.
Según este estudio, elaborado en 2015, 48% de los encuestados se manifestó a favor de la despenalización o legalización de la producción de drogas, en contraste con 33% de aprobación que hubo en Uruguay y 19% en Argentina.
Resalta que desde 1977 México es parte de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, la cual establece una lista de definiciones, el régimen de fiscalización, así como las obligaciones para que las partes faciliten información sobre sus necesidades de estupefacientes con fines médicos, así como datos estadísticos sobre producción, fabricación, uso, decomisos, superficies de cultivo, importaciones y exportaciones.
Dicha convención deja espacio para que cada Estado decida si la prohibición de ciertos cultivos es la medida adecuada para proteger la salud pública y evitar el tráfico ilícito, con la obligación de secuestrar y destruir las plantas ilícitamente...
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