San Miguel el progreso. Rebelión antiminera
| Autor | Gloria Leticia Díaz |
Enclavado en la parte alta de La Montaña de Guerrero, el pueblo de San Miguel El Progreso decidió enfrentar al Estado mexicano por entregar concesiones mineras en su territorio. Los habitantes -la comunidad me'phaa del municipio de Malinaltepec- buscaron el respaldo jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan para entablar una demanda de amparo en contra de las concesiones mineras otorgadas a la empresa Hochschild Mining, de capital inglés pero radicada en Perú. Han documentado que los permisos atentan contra el derecho al territorio indígena. Incluso fueron más allá: piden al Poder Judicial que se declare inconstitucional la Ley Minera, por no considerar la opinión de los pueblos indígenas en el otorgamiento de los permisos de exploración y explotación de minerales bajo su territorio.
Enarbolando el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, firmado por México en 1990, los indígenas de San Miguel El Progreso lograron que el 31 de octubre se realizara una audiencia constitucional y que posteriormente el juez primero de Distrito, con sede en Chilpancingo, ordenara evitar cualquier actividad minera hasta que se concluya el proceso judicial.
En días pasados, el caso fue turnado al Juzgado Tercero de Distrito Auxiliar en Acapulco.
Agapito Cantú Manuel, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel El Progreso, recuerda que fue en 1999 cuando conoció el convenio de la OIT. Entonces él era comisario municipal. "Fui estudiando ese documento con la gente del pueblo y poco a poco entendimos nues-tros derechos como indígenas, que cualquier tipo de gobierno tiene que respetar porque firmó el Convenio 169. Hace poco supimos por los periódicos y por internet que nuestro pueblo sería afectado por empresas mineras sin consultarnos, entonces organizamos asambleas para informar a la gente y decir no a las mineras".
Entrevistado por Proceso, Cantú Manuel dice que habitantes de Totomixtla-huaca, comunidad del vecino municipio de San Luis Acatlán, identificaron desde 2010 a geólogos que exploraban la región. La presencia de expertos no era nueva para los indígenas: quince años atrás ya habían tenido noticia de una empresa minera, de la que don Agapito no recuerda el nombre. "Llegaron los ingenieros que estudian la tierra, voltearon piedras y revisaron los ríos, y vieron que sí había recursos minerales; pero para los indígenas no significó fuente de trabajo, porque ellos ya traían a su gente", dice.
Con esos antecedentes y el conocimiento que les dio el Convenio 169 de la OIT, los indígenas de San Miguel formalizaron un pronunciamiento rechazando la exploración y explotación minera en una asamblea general de comuneros realizada el 17 de abril de 2011. Esa toma de postura quedó oficialmente inscrita en el Registro Agrario Nacional (RAN) el 13 de septiembre de 2012.
Otras comunidades hicieron lo mismo, pero no todas han logrado que sus decisio-I nes se asienten en el RAN. Según el abogado i de Tlachinollan, Santiago Aguirre Espinosa, I de las 19 asambleas agrarias a las que ha asistido la...
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