Venganza de Estado en favor de OHL
| Autor | Jenaro Villamil |
Con una celeridad inusitada, la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, se alinearon para operar el contragolpe anunciado desde Madrid el lunes 7 por el presidente de la compañía constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir.
Ese día, el empresario hispano advirtió que la compañía estaba "en proceso" de llevar a cabo "las exigencias civiles y penales" contra sus supuestos enemigos que han filtrado más de una decena de audios a través de Youtube.
Villar Mir lanzó la amenaza desde Madrid, y en la Ciudad de México, alrededor de las 15 horas del mismo lunes 7, Paulo Diez Gargari, abogado de la empresa de tecnología aplicada Infraiber, fue interceptado por cuatro vehículos de la PGR, cuyos agentes lo detuvieron para presentarlo en calidad de "testigo" por el presunto delito de interferencia ilegal de comunicaciones contra OHL.
Los agentes, afirma, le sembraron un arma, después de lo cual lo llevaron a las instalaciones de la PGR en la Colonia Ná-poles. Durante más de tres horas lo tuvieron incomunicado. Doce horas después fue trasladado a las instalaciones de la misma dependencia en la calle de López 14, en el Centro Histórico, mientras su abogado Jesús Moreno tramitaba un amparo contra la detención irregular.
Diez Gargari salió bajo caución hasta el miércoles 9 a las 18:30 horas, tras pagar 65 mil pesos por presunta posesión ilegal de armas. De acuerdo con su abogado, el pretexto para detenerlo fue que su nombre apareció como responsable en los desplegados de prensa que Infraiber publicó para denunciar que OHL ha recaudado de manera irregular, desde enero de 2013, 50 centavos por cada automovilista que transita en el Circuito Exterior Mexiquense, la obra más importante de la compañía española, que representa más de 40% de sus ingresos en México.
La cacería contra el abogado y los empleados de Infraiber continuó el viernes 11. Elementos de la PGR realizaron un cateo en las instalaciones de la empresa, ubicada en Campos Elíseos, en la colonia Polanco, y retuvieron ahí durante varias horas a cuatro trabajadores.
Durante el operativo, los agentes impidieron el ingreso de los representantes legales a la oficina. La PGR argumentó que la actuación se apegó a derecho, pues se obtuvo una orden judicial del juez federal penal especializado en cáteos, arraigos e intervención de comunicaciones.
La acción de la procuraduría se realizó un día después de...
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