Zozobra eterna
| Autor | Patricia Mayorga |
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- En julio pasado, durante la sesión del Tribunal de Juicio Oral que analizaba el caso de 11 mujeres asesinadas entre 2011 y 2012, doña Norma Laguna Cabral exclamó: "Yo quisiera saber cuáles fueron las últimas palabras de mi hija. Díganme cómo le hago para no pensar, cuando mis hijos salen a la escuela y mi esposo a trabajar, que ya no van a regresar".
Ese día, las jueces Catalina Ruiz Pacheco, Emma Terán Murillo y Mirna Luz Rocha Pineda dictaron por unanimidad una condena de 697 años de prisión a cinco de los seis presuntos implicados en esos feminicidios: Jesús Hernández Martínez, El Gordo Maloso o El Chuy; César Félix Romero Esparza, El Félix; Edgar Jesús Regalado Villa, El Píují; José Antonio Contreras Terrazas, El Koyac, y Manuel Vital Anguiano Don Meny.
Los inculpados, que pertenecen a la banda Los Aztecas y se dedicaban a la trata de personas, deberán pagar también 839 mil 274 pesos a los familiares de las víctimas por reparación del daño.
Doña Norma es madre de Idalí Juache Laguna, una de las 11 ejecutadas. Durante meses, ella y los familiares de las otras mujeres recorrieron las calles, hoteles y burdeles de esta ciudad para recabar testimonios, incluida la presentación de restos óseos localizados en el Valle de Juárez, hasta localizar a los implicados y llevarlos ante la justicia.
Después de analizar las pruebas aportadas por las madres de las víctimas y un adolescente llamado Luis Raúl Ramírez Loera -el "testigo estrella"-, el fiscal especializado en delitos contra mujeres, Ernesto Jáuregui Venegas, admitió que en este caso es probable la participación de militares, policías de los tres niveles y autoridades penitenciarias. Él era integrante de Los Aztecas y comenzó a "trabajar" a los 13 años con su tío Poncho (Proceso 1939 y 2012).
El 19 de julio a las 2:00 horas, el tribunal los encontró culpables y absolvió por falta pruebas -no por ser inocente- a José Gerardo Puentes Alva, quien obtendrá su libertad cuando se agoten los recursos de casación y amparo que promoverá el Ministerio Público (MP).
Al iniciar el juicio, Jáuregui Venegas consideró que se trataba de una red "pequeña" de trata de personas cuyos integrantes se movían sólo en el centro.
Por ello, el órgano colegiado ordenó que el MP inicie una investigación contra uniformados, custodios y funcionarios de los dos reclusorios de Ciudad Juárez ante la presunción de posibles actos de corrupción durante el traslado de las víctimas y por facilitar su ingreso a los penales.
Las 11 mujeres fueron explotadas y asesinadas porque se encontraban en condiciones de vulnerabilidad. Eran muy jóvenes, físicamente agraciadas y de condición económica precaria. Y como carecían de redes de apoyo, fueron presas fáciles para los tratantes de blancas.
"En el acto de desaparición fueron explotadas sexualmente, formaron indicios importante de que las...
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