El “guanajuatazo”
| Autor | Verónica Espinosa |
Guanajuato, GTO.- Los operativos realizados hace varias semanas por policías ministeriales, agentes de Seguridad Pública y elementos de las procuradurías estatal y General de la República en seis municipios del sur de la entidad son parte de una estrategia para limpiar la imagen de los alcaldes panistas, sostiene el presidente estatal del PRD, Miguel Alonso Raya.
En el fondo, dice, las acciones realizadas entre el 29 de abril pasado y los primeros días de mayo en Acámbaro, que controla su partido; Tarandacuao, Coroneo, Jerécuaro, gobernados por PAN, así como en Moroleón y Uriangato, ambos en manos del PRI, son “un michoacanazo estilo Guanajuato”.
Y aunque Alonso Raya emitió un comunicado el 4 de mayo en el que afirmó que el alcalde de Acámbaro, su correligionario Gerardo Silva Campos, durante meses trató de comunicarse con el procurador Carlos Zamarripa Aguirre y con el secretario de Seguridad Pública estatal, Miguel Pizarro Arzate, para solicitarles más apoyo a fin de combatir a la delincuencia organizada con eficacia, nunca tuvo respuesta.
Las declaraciones del perredista causaron irritación en el panismo estatal. Semanas después, el 15 de junio, el propio gobernador, Juan Manuel Oliva, respondió de manera indirecta al perredista al ordenar el blindaje político y de seguridad en Celaya, gobernado por el PAN desde hace 15 años y que hoy tiene uno de los índices delictivos y de violencia más altos de la entidad.
Los arrestos masivos de policías preventivos durante los operativos, incluidos los de los directores de Seguridad Pública de cinco de los seis municipios –el de Tarandacuao, Jesús Cárdenas Gómez, está prófugo–, y su consignación posterior dieron pie a 108 quejas ante la Procuraduría de Derechos Humanos del estado por presuntas lesiones y tortura. Pero, con todo, la PGJEG justificó el despliegue policiaco.
Apenas concluido, Zamarripa expuso que se trató de “una depuración de las corporaciones municipales” ante la presunción de que diversas células de La Familia Michoacana las habían infiltrado.
El funcionario insistió en que algunos uniformados y sus jefes realizaban “diversos servicios” para la organización; algunos, dijo, eran halcones y se encargaban de reportar a los sicarios la llegada de efectivos de las corporaciones estatales o federales.
En Tarandacuao fueron detenidos 23 policías preventivos y tres presuntos distribuidores de drogas. El procurador afirmó que los uniformados cumplían “otras tareas” para La Familia Michoacana; incluso señaló al titular de Seguridad Pública local, Jesús Cárdenas Gómez, de estar implicado en esas actividades.
“Había tanta confianza con los integrantes del grupo criminal –dijo Zamarripa– que el director (Jesús Cárdenas) les había girado la instrucción de que cuando llegaran integrantes de la organización a las instalaciones de la Policía...
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