45 días para reflexionar...

AutorOlga Pellicer

Incertidumbre, polarización, desconfianza y temor siguen siendo la nota dominante de la vida política nacional.

Era difícil imaginar que, apenas a seis meses de inaugurado su gobierno, López Obrador iba a encontrar una crisis proveniente del exterior que sacude toda la organización de la administración pública, coloca el mecanismo más importante creado en materia de seguridad ante retos para los cuales no está preparado y divide opiniones en su círculo más cercano, provocando un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. En resumen, pone en entredicho su tradicional frase de que la mejor política exterior es la política interna. En la realidad, la política exterior es la que hoy tiene en jaque a su gobierno.

Entre los temas que mayor incertidumbre provocan se encuentra el nivel de responsabilidad que México puede aceptar en materia de otorgamiento de asilo. Empezamos por falta de claridad sobre lo que significa convertirse en tercer país seguro, como Trump quiere que sea México. En opinión de algunos, ese compromiso se asumió desde diciembre de 2018, cuando se aceptó que aquellos ciudadanos de un tercer país que hubiesen solicitado asilo en Estados Unidos pudiesen esperar la decisión de su caso en territorio mexicano. Hasta ahora casi 11 mil personas de origen centroamericano se encuentran en esa calidad. Pero, de acuerdo con las últimas noticias, el número crecerá exponencialmente los próximos días, al extenderse la aplicación de dichas medidas a lo largo de toda la frontera y acelerarse en Estados Unidos la tarea de dar entrada a las solicitudes de asilo.

Se trata sin duda de un compromiso costoso para México, que está obligado a proporcionar albergues y atender, de una u otra manera, necesidades en materia de alimentación y salud. Hasta donde se sabe no existe ningún compromiso financiero por parte de Estados Unidos para compensar a México por los gastos en que incurre. No se trata, sin embargo, de un arreglo para ser tercer país seguro.

Esta figura que anhela imponer Trump implicaría establecer un tratado bilateral que requiere aprobación del Senado, mediante el cual un país, México, se comprometería a procesar en su territorio todas las solicitudes de asilo que presenten nacionales de un tercer país. Esto significa recibir esos documentos, procesarlos, decidir al respecto y, si es necesario, devolver a los solicitantes a sus países de origen.

Diversas opiniones de expertos en México y Estados Unidos han señalado la...

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