Las riesgosas travesuras de la infanta Cristina

AutorAlejandro Gutiérrez

MADRID.- En su mensaje de Navidad de 2011 el rey Juan Carlos I advirtió: "La justicia es igual para todos" y "las conductas censurables deben ser sancionadas". Entonces no se podía saber que un juez acusaría a la hija del monarca español, la infanta Cristina de Borbón y Grecia, de fraude fiscal y lavado de dinero.

El mensaje del rey -en el cual reclamó "ejemplaridad" a quienes tienen responsabilidades públicas- obedecía a la presión judicial y el creciente rechazo social tras conocerse la trama corrupta de su yerno Iñaki Urdangarin, duque de Palma, imputado cinco días después, el 29 de diciembre de 2011, por evasión de impuestos, fraude fiscal, falsedad documental, prevaricación y malversación de fondos públicos al percibir de los gobiernos valenciano y balear 6 millones de euros por sus servicios, usando como instrumento el Instituto Nóos, una sociedad sin fines de lucro (Proceso 1902 y 1906).

El jefe de la Casa Real, Rafael Spottorno, reconoció en entrevista con la televisión pública que los últimos tres años han sido "un martirio" para el monarca y su familia. Pero las encuestas arrojan otra cosa. Los españoles ven un trato de favor para la hija del monarca. Un sondeo publicado por el diario El Mundo el pasado 15 de enero revela que 90% de los consultados cree que "la justicia no es igual para todos", rechaza abrumadoramente a la pareja (93% a Urdangarin y 64.8% a ella) y 83.4% critica a la casa real por el manejo del caso. La encuesta refleja el rechazo a la evidente utilización, por parte de la casa real y el gobierno de Mariano Rajoy, de todos sus recursos para proteger a la hija del rey.

Pero ni el rey ni Rajoy pudieron evitar que el juez de instrucción de Palma de Mallorca, José Castro, obligara a la infanta a comparecer este sábado 8 para establecer su supuesta participación en la mecánica corrupta, convirtiéndola en la primera integrante de la familia real española en verse implicada en una investigación judicial.

Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos de Gestión de Hacienda (Gestha), critica la serie de actuaciones "inusuales" de la Agencia Tributaria con informes ordenados por el magistrado, los cuales contradicen a otros previos, en los que ya habían descubierto indicios de delito o en los que se dan por válidas facturas falsas para librar del delito fiscal a la infanta.

También condena la "inusual" actuación de la Fiscalía Anticorrupción y de la Abogacía General del Estado por oponerse a cada auto del juez Castro con el fin de exculpar a la hija del rey, cuando su papel institucional debe ser el contrario: proteger a la Agencia Tributaria de los delitos fiscales.

"Al margen del debate sobre las tres facturas -por casi 70 mil euros- que la Agencia Tributaria está dando por válidas para evitar llegar al monto de 120 mil euros de defraudación fiscal (límite a partir del cual el fraude es delito), para Gestha lo más preocupante es que un familiar de la más alta...

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