La 4T y el Estado de derecho: una difícil relación
| Autor | Sergio López Ayllón |
Sólo como ejemplo, retomo las declaraciones del presidente del 14 de mayo de 2020. Ese día se refirió a la Guardia Nacional y dijo que su mando debería estar adscrito a las Fuerzas Armadas, que debería existir una relación de coordinación con las autoridades civiles y que dicha coordinación debería ser a través de un consejo.
Estas afirmaciones tienen un problema. Son claramente inconstitucionales. Esto es así porque la reforma que aprobó el constituyente permanente modificó sustantivamente la propuesta que presentó originalmente Morena. Y en la Constitución, la Guardia Nacional es una institución con mando civil y subordinada a las autoridades civiles.
El asunto no pasaría de ser una simple anécdota si no fuera por el hecho que, unos días antes, el presidente expidió un acuerdo para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública que, en opinión de muchos expertos, viola la Constitución. Por ello, el acuerdo fue controvertido por la entonces presidenta de la Cámara de Diputados y está en espera de que la Suprema Corte se pronuncie sobre su constitucionalidad.
Este caso ilustra bien la tensión permanente que existe entre la arquitectura jurídica vigente y la voluntad de cambio que encarna el presidente de la República. Cierto, tenemos un gobierno que llegó al poder por la vía de las urnas con una enorme legitimidad. También es claro que López Obrador prometió un nuevo régimen, la Cuarta Transformación. Pero paradójicamente, y a diferencia de las "otras transformaciones" (1824,1857 y 1917), cada una de las cuáles se cimentó en una nueva Constitución, al menos al inicio de su mandato López Obrador apostó por la vía administrativa menos que por la del cambio constitucional y legal. Justo aquí se genera la contradicción. ¿Se puede guardar y hacer guardar la Constitución al mismo tiempo que se prometen profundas transformaciones que no pasan por el cambio constitucional?
Durante la campaña y los primeros meses de gobierno, el presidente López Obrador pareció reticente a emprender cambios por la vía de la reforma constitucional o legal. Privilegió la vía administrativa para instaurar la austeridad y luchar contra la corrupción. Pronto fue evidente que la agenda era más amplia y que el recurso a las reformas era necesario.
En los dos años de gobierno se han expedido nueve decretos de reformas constitucionales que han implicado la modificación de 27 artículos constitucionales (algunos de ellos modificados en más de una ocasión) en...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba