Aduanas y puertos: nueva fase militar

AutorErubiel Tirado

La profunda militarización de la vida pública del país va en contrasentido de una política democrática de fortalecimiento institucional de los gobiernos civilistas mexicanos que se conformaron al término del proceso revolucionario del siglo pasado. Las acciones recientes en la implementación del control total del sistema aduanero y de la actividad portuaria están redefiniendo ámbitos que trascienden la influencia notable del sector castrense, convirtiendo a los generales y al almirantazgo en factótum político y económico cuyo control presidencial será inútil para cualquier acción correctiva en el futuro inmediato.

La nueva relación político-militar... con AMLO. Con la creación de la Guardia Nacional el gobierno actual renovó esquemas de simulación en el nuevo trato con las fuerzas armadas y su uso político. Con mecanismos tramposos en las normas legales (como el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional que militarizó el control y formación del nuevo cuerpo policial por todo el sexenio) y los márgenes discrecionales del nuevo autoritarismo presidencial (como el decreto del 11 de mayo de 2020), las definiciones del régimen confeccionan y justifican sus propias creaciones, según conviene al presidente: un organismo policial que termina siendo una extensión de las fuerzas armadas donde el componente civil es accesorio. Peor aún, como en el caso de la subordinación formal a una dependencia civil (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana), su titular quedó reducido a un valor de papel decorativo o, cuando más, de "chivo expiatorio", cuando la ocasión lo amerite, en caso de proteger la responsabilidad de mandos militares ante eventuales fracasos o violaciones a los derechos humanos.

Ahora, con la coartada de la corrupción, bajo el esquema de un supuesto control civil gubernamental, se justifican los cambios administrativos en el sistema aduanal y portuario (el más reciente, en la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, 25 de julio). Se relega la autoridad civil, cuyos titulares terminan en un papel decorativo, independiente de los perfiles de eficiencia u honradez cuya importancia presidencial es sólo retórica y sólo atribuible como mérito a los militares.

La amplia presencia castrense en la vida social y política del país, ahora disfrazada de "actividades generales" (las "específicas", según ya se perfila en la narrativa castrense, son las de defensa), no es militarización porque así lo dice ¡el general secretario...

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