Se agrieta el corporativismo priista
| Autor | Rosalía Vergara |
En pleno proceso electoral resurge un pleito entre viejos líderes de las centrales obreras priistas por la presentación de una iniciativa que reglamenta la reforma constitucional de justicia laboral cotidiana (Artículo 123) que entró en vigor el 25 de febrero de 2017. Sin embargo, el trasfondo de la disputa es la defensa de los privilegios de dichos líderes, no de los derechos de los trabajadores, coinciden el abogado laboralista Arturo Alcalde y la académica Graciela Bensusán, de la UAM-Xochimilco.
Ambos señalan en entrevista que dicha iniciativa de ley, en el tema del outsourcing o subcontratación, es muy parecida a la iniciativa preferencial de reforma laboral que el presidente panista Felipe Calderón envió al Congreso un par de meses antes de concluir su sexenio, en 2012.
El artículo 123 se reformó por presiones internacionales el 24 de febrero de 2017, en el marco de la participación de México en el Tratado Transpacífico de Cooperación Económica (TPP).
Los especialistas confirman que los problemas entre los líderes de las confederaciones de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, y la Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas, son principalmente internos y se relacionan con la defensa de sus intereses en los negocios con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), entre otros factores.
En febrero de 2016 se supo que, durante casi un año, el gobierno federal preparó sigilosamente la reforma de justicia laboral cotidiana (Proceso 2050).
El 28 de abril de ese año, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado dos iniciativas para reformar y adicionar algunos artículos de la Ley Federal delTrabajao y de la Constitución con medidas que sindicatos independientes habían exigido, sin éxito, desde hace más de 30 años.
En gran medida por la presión del gobierno de Barack Obama y el apoyo de sindicatos de Estados Unidos y Canadá, preocupados por el efecto de la situación laboral mexicana sobre sus empleados, por los tratados comerciales, se concretó la reforma constitucional que supuestamente acabaría con dos grandes injusticias hacia la clase trabajadora: la parcialidad de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la proliferación de los contratos de protección patronal, que son un escándalo internacional (Proceso 2064).
Los sindicatos nacionales y extranjeros denominados independientes le dieron un voto de confianza a la reforma aprobada, pero los sindicatos cercanos al poder respingaron.
Por primera vez en este sexenio se realizaron manifestaciones contra el gobierno, pero no para defender a los trabajadores sino para que los líderes propatronales no perdieran sus privilegios con los llamados "contratos de protección" -negociados a espaldas de los trabajadores-, el tripartismo en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que le daba mucho poder a los corporativos en las pugnas contractuales, y porque desaparecen dichas juntas, donde aquellos líderes han tejido una red...
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