Alfonso Durazo: previsible fin de ciclo

AutorErnesto Villanueva

En efecto, la principal tarea de Durazo -o una de ellas- era coadyuvar con las secretarías de la Defensa y de Marina en la creación de la necesaria Guardia Nacional, cuyos rasgos distintivos residen en que, se supone, debe tener la capacidad estratégica y táctica para enfrentar con razonable éxito al crimen organizado y reducir gradualmente la comisión de delitos de alto impacto.

Un asunto que debió haber sido previsto y resuelto se dejó sin atender y ha escalado a tal nivel, que Durazo, quien debería ser garante de la seguridad nacional, es paradójicamente un riesgo creciente para la misma. Existen, por supuesto, elementos que me permiten sustentar mis asertos. Veamos. Primero. Una regla de sentido común en un proceso de cambio es la confianza. Si no hay confianza, lo demás es lo de menos. Contra toda lógica, Durazo empezó, como carta de presentación, con una conspicua campaña de desprestigio en agravio de los integrantes de la Policía Federal, justo la institución con cuyos elementos debió haber pactado para transitar hacia la Guardia Nacional y a otras áreas de seguridad del Estado mexicano, dejando intactos los derechos adquiridos de sus elementos.

Les ha mentido, los ha esquivado y esos vacíos se han llenado con rencor y odio personal que trasciende un asunto administrativo, institucional, que nunca debió escalar a tal magnitud por un error de apreciación -en este caso muy grave- del propio secretario.

Segundo. En la cruzada del titular de Seguridad contra los agentes de la Policía Federal se entreveraron mensajes mediáticos negativos con violaciones jurídicas graves contra el colectivo creciente de in-conformes de la agrupación.

En ese contexto se inscribe, por ejemplo, el mensaje según el cual la Policía Federal debe -o debía, no lo sé- millones de pesos a hoteles en distintos lugares donde sus efectivos fueron enviados. Con toda intención no se dijo que esos adeudos no eran imputables a los agentes, sino a las autoridades administrativas de esa institución, responsables de hacer los convenios con los lugares de hospedaje.

Se acusó, sin consignaciones en la mano, de una presunta relación entre el crimen organizado y los policías; se señaló la aparente relación de varios elementos con actos de corrupción, pero sin acciones judiciales que dieran sentido al cuestionamiento.

Durazo actuó como alguien que puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe, no una autoridad que por mandato constitucional sólo tiene permitido ejecutar lo que...

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