Los amos impunes del carbón
| Autor | Arturo Rodríguez García |
Los Montemayor y los González Garza son los principales beneficiarios de las mineras asentadas en la región carbonífera de Coahuila. Ambas familias han sabido combinar su poder económico con sus habilidades políticas para obtener las concesiones que les permiten explotar los socavones de sus fundos durante años sin sufrir contingencias laborales.
Sin embargo, la explosión del 3 de mayo en el Pozo 3 en una carbonera de Sabinas, en la que murieron 14 trabajadores y un adolescente de 15 años quedó mutilado, reveló la precariedad con la que operan las minas.
El fundo siniestrado pertenece a la empresa Beneficios Internacionales del Norte, S.A. de C.V. (BINSA), constituida el 2 de febrero de 2007, según el Registro Público de la Propiedad (RPP) local, de la que son socios a partes iguales Hilda Griselda Montemayor Marines y su esposo, Melchor González Vélez, El Chorín, hijo del empresario Alfonso González Garza.
Las autoridades observaron que fue Montemayor Marines la que firmó el contrato de renta del fundo con el concesionario minero Alfonso González Garza, quien le autorizó la explotación del pozo donde murieron los 14 mineros. Por tanto, ella tendrá que enfrentar el litigio, en caso de que prospere la averiguación previa AP/PGR/COAH/SAB-1/09/dd/2011 abierta por un fiscal federal.
De acuerdo con los peritajes, el accidente se debió a que los trabajadores sólo contaban con un desvencijado ventilador doméstico para realizar sus faenas de extracción de gas metano.
Según el registro de la Dirección General de Minas (DGM), adscrita a la Secretaría de Economía, el Pozo 3 se ubica en un lote de 357 mil 343 hectáreas denominado Santa María I en cuyo interior se encuentran por lo menos una docena de pocitos carboneros.
El expediente de la concesión minera otorgado por la DGM –el 218000– consigna que los dueños de BINSA y por lo tanto de ese pozo son Jesús María Chuma Montemayor Seguy y su socio Alfonso González Garza, suegro de Hilda Griselda y padre de El Chorín.
Para obtener esa concesión, Montemayor Seguy y González Garza pagaron 3 mil 670 pesos. Ni siquiera tenían estudios geológicos, pues desde que iniciaron el trámite, con la solicitud de folio 27849 de la DGM, Chuma Montemayor pidió a las autoridades que se les eximiera de presentar los trabajos periciales sobre la propiedad concesionada.
De acuerdo con el expediente, la apertura de una mina de carbón es relativamente barata: las “obras de exploración”, por ejemplo, implicaron dos pagos: uno de...
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