La apertura de archivos, ni tan fácil ni siempre legal
| Autor | José Raúl Linares |
La promesa de abrir archivos históricos de todas las dependencias federales relacionados con "violaciones a derechos humanos", persecuciones a "movimientos políticos y sociales" y "actos de corrupción", junto a la apertura de documentos en poder del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), aún no se materializa pero ya enfrenta problemas: la voluntad política de conocer el pasado choca con la realidad del presente.
"Yo sostengo que la medida es deseable y demuestra mucho la voluntad política del presidente, qué bueno, ¡lo celebro!, pero es muy difícil que se reconcilie esa disposición con la normatividad vigente", sostiene el historiador Sergio Aguayo, autor de investigaciones sobre los órganos de inteligencia mexicanos y crímenes de Estado durante la "guerra sucia".
Escéptico, añade: "También se tiene que explicar con mayor precisión a qué se refiere con 'corrupción', 'persecución' y 'violaciones a derechos humanos', como establece el decreto".
Hecha consigna desde la campaña electoral del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, la desaparición del Cisen y su política de transparentar sus labores de "espionaje" fue anunciada desde enero, pero genera escepticismo entre otros historiadores y antiguos trabajadores del órgano de inteligencia fundado por Carlos Salinas de Gortari.
Quienes conocen parte de esos archivos o han trabajado con documentos abiertos en el sexenio de Vicente Fox, coinciden en que la promesa del presidente López Obrador de hacer públicos los expedientes históricos del gobierno y el Cisen provocará una avalancha de procesos judiciales, altos costos económicos, resistencias de las personas aludidas, deficiencias técnicas, falta de presupuesto e incluso destrucción de documentos.
En ello coincide Guillermo Valdés Castellanos, quien dirigió el Cisen en la administración de Felipe Calderón: "Tengo la impresión de que todo esto es puro morbo y publicidad".
-¿Por qué?
-Primero, porque aún se mantiene vigente la Ley de Seguridad Nacional. También porque si yo me atrevo a pedir los expedientes de López Obrador o Fidel Ve-lázquez, la Ley de Transparencia y Protección de Datos, aún vigente, impide que la administración pública me los dé.
El 28 de febrero, la Consejería Jurídica de Presidencia de la República publicó un acuerdo que ordena a todas las dependencias federales -exceptuando la Fiscalía General de la República- trasladar sus acervos históricos al Archivo General de la Nación (AGN). El objetivo, según el documento, es "garantizar el debido derecho de acceso a la información".
Dicho acuerdo contiene unos artículos "transitorios" en los que otorga un plazo de 28 días para que el AGN emita las bases para la entrega-recepción de la información, así como un periodo de 180 días para su ingreso en las galerías. Posteriormente, personal especializado tendrá que clasificarlo, ordenarlo y almacenarlo.
"Todo eso tomará tiempo", advierte Aguayo.
Limitaciones
López Obrador prometió dar apertura total a los expedientes y evitar la censura:
"Mucha gente fue reprimida sin que se le comprobara nada. Era nada más lo que suponían los policías...
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