Apuesta oficial: proyecto para regular la industria casinera
| Autor | Álvaro Delgado |
Ante la corrupción de autoridades de todos los niveles -legisladores, jueces y dirigentes políticos- y por ser "una atractiva herramienta para el lavado i de dinero, así como para (el) fi-nanciamiento de grupos terroristas", el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene definido ya su proyecto para regular la multimi-llonaria industria del juego: La Ley Federal de Juegos y Sorteos Responsables.
Este proyecto de ley, que pretende sustituir a la que está vigente desde 1947, define las bases y límites a juegos y sorteos "en todas sus modalidades" -incluidos los organizados por instituciones educativas, religiosas y partidos políticos-, fija en 21 años la edad mínima para participar en ellos y se reconoce el derecho a la auto-exclusión, mecanismo mediante el cual a una persona con ludopatía manifiesta en forma voluntaria se le impedirá ingresar a los casinos.
"La idea es cambiar la lógica de que al casino se va a ganar, sino más bien a entretenerse y divertirse sanamente", establece el proyecto de Ley Federal de Juegos y Sorteos Responsables, del que Proceso tiene copia, que propone una nueva autoridad para regular, vigilar, certificar y sancionar a los involucrados en la industria del juego.
La nueva autoridad en la materia será el denominado Instituto Nacional de Juegos y Sorteos, un organismo público descentralizado con autonomía de gestión directiva y administrativa, cuyo titular dependerá directamente del secretario de Gobernación, quien lo podrá nombrar "por tiempo indefinido" y remover libremente.
El instituto será, además, un órgano colegiado: presidido por el secretario de Gobernación y cuyo secretario técnico será el titular del mismo, tendrá representantes de las secretarías de Hacienda, Salud, Turismo, Economía, así como de la Procuraduría General de la República (PGR).
También formarán parte del Consejo Consultivo del Instituto de Juegos y Sor-teos dos especialistas y un representante de la sociedad civil, con voz pero sin voto, que tendrán cargo honorífico por un término de tres años.
Si bien los permisos actuales mantendrán su vigencia -los 30 actuales amparan a más de 700 establecimientos, como reconoció el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong-, en el proyecto se advierte que los nuevos se otorgarán sólo por un plazo mínimo de un año y máximo de 10, cuya renovación irá de 10 a 15 años.
"Se busca restringir en la media de lo posible la apertura de nuevas salas o centros de apuesta", refiere el documento, en el que se establece que "la anuencia municipal deberá ser otorgada por el presidente con el aval de su...
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