La apuesta por el olvido
| Autor | Jesús Cantú |
En cuanto a las residencias vendidas por los constructores favoritos de los gobiernos (estatal y federal) que encabezó y encabeza Peña Nieto, simplemente se pretende ignorar la presunta irregularidad administrativa o el conflicto de interés. En su mensaje, Angélica Rivera pasa por alto cualquier tipo de irregularidad y quiere transmitir la percepción de un compromiso, incluso mayor al establecido en la legislación vigente, con la transparencia y la rendición de cuentas. Peña Nieto ni siquiera se ha pronunciado sobre la compra de su casa en Ixtapan de la Sal; la única respuesta fue un escueto mensaje de su oficina de comunicación social, lo cual provocó que el semanario financiero británico The Economist -aun sin mencionar dicho documento directamente- mostrara su preocupación por el cinismo presidencial.
En el de Tlatlaya, al verse descubiertos, todos los esfuerzos gubernamentales se dirigieron a inculpar a soldados rasos y exculpar de cualquier responsabilidad a los oficiales, como si en el Ejército no existiera la disciplina militar y los soldados actuaran libremente.
Y en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa -el caso que más atención ha recibido en los medios y comunidades internacionales-, las baterías se dirigieron de inmediato contra las autoridades municipales, en este caso incluso para dejar fuera de toda responsabilidad a la Policía Federal y al Ejército.
En los tres casos afloran las contradicciones y las incoherencias, pero eso no impide que el gobierno federal y particularmente el presidente Peña Nieto las ignoren y continúen impávidos su camino. En el caso de los normalistas, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dijo el 27 de enero que las declaraciones de Felipe Rodríguez Salgado, El Terco o El Cepillo, detenido el 15 de enero, confirman que él "dirigió la operación (para asesinarlos), conduciendo a las víctimas hasta el basurero (de Cocula), interrogándolas, dando la orden de ejecutarlas e incinerarlas, ordenando que no quedara nada", con lo cual se cerró el caso.
Así, para decretar el carpetazo Murillo Karam se aferra a la confesión ministerial de uno de los presuntos inculpados (a pesar de las innumerables evidencias de que esas declaraciones son obtenidas bajo tortura y en múltiples ocasiones son incluso inventadas), pero las descalifica cuando se le cuestiona sobre la presunta participación de la Policía Federal y el Ejército.
La reportera Gloria Leticia Díaz reveló, en el número 1992 de...
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