Así se aprobaron los recortes al campo
| Autor | Arturo Rodríguez García |
La parálisis legislativa, motivada entre varios factores por las organizaciones campesinas que se plantaron en torno al Palacio Legislativo de San Lázaro, manchó el ambiente de las fiestas revolucionarias con un conflicto que retrasó la aprobación del presupuesto federal para 2020.
De manera inédita, las organizaciones Antorcha Campesina, Frente Amplio Campesino (FAC), Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y Congreso Agrario Permanente (CAP), superaron sus diferencias históricas al menos unos días, para exigir a los diputados una reasignación de los presupuestos que por su conducto se destinaban al campo a través de programas federales que la administración de Andrés Manuel López Obrador ya no contempló.
Desde el periodo de transición, como presidente electo, López Obrador advirtió que en su gobierno se terminarían los intermediarios, de manera que organizaciones sociales y, en general, de la sociedad civil, ya no recibirían fondos federales porque el gobierno los entregaría directamente a los beneficiarios.
El 22 de septiembre de 2018, ya con constancia de mayoría y una actividad frenética que parecía adelantar el ejercicio de gobierno, el mandatario reiteró lo que venía diciendo desde la campaña: "Se acabaron los intermediarios, nada de que vengo de la Antorcha Mundial... habrá apoyos directos con tarjeta, ya no vamos a requerir a los intermediarios".
En el primer trimestre de gobierno, sobre todo al calor de polémicas por la cancelación de recursos para estancias infantiles, expuso que los recursos se quedaban en gran parte en los intermediarios y no llegaban a los beneficiarios últimos. Su solución sería reducir el número de programas, crear nuevos padrones de beneficiarios y entregar apoyos bancarizados directamente de la Tesorería de la Federación a cada destinatario.
A esa medida se sumó un adelgazamiento administrativo que, de 150 programas existentes hasta 2018, se redujeron a siete, con la idea de la austeridad y, en el caso concreto de las políticas agropecuarias, de evitar la dispersión de recursos y con eso ampliar la cantidad de beneficiarios.
Esas medidas se habían perfilado desde el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 y los efectos se empezaron a percibir para las organizaciones campesinas a lo largo del año, por lo que en diferentes entidades federativas, e incluso en la Ciudad de México, marcharon en demanda de fondos.
La segunda semana de agosto las organizaciones campesinas expresaron su inconformidad: el día 8 la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) marchó al Zócalo; el 9 lo hizo la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas. En tanto, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) realizó movilizaciones prácticamente cada mes desde noviembre de 2018.
El reclamo, planteado en diferentes términos, era básicamente un incremento...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba