Así esclavizan las maquiladoras en las cárceles potosinas
| Autor | Verónica Espinosa |
SAN LUIS POTOSÍ.- María de la Luz Miranda Cárdenas es interna del Centro de Reinserción Social número 1 de San Luis Potosí, La Pila. Durante casi un año fue operadora multifuncional de ensamble de la empresa potosina Traktolamp -proveedora de Ford- en el interior del penal. Como otras presas, hacía soldadura de estaño con cautín, cableado y armado de tarjetas electrónicas de circuitos para las luces y faros de los vehículos de la trasnacional.
De manera inesperada, un día el capataz le dijo que estaba despedida "porque había bajado su nivel de producción en más de 10%". Ella no recibió su liquidación ni las partes proporcionales de las vacaciones y el aguinaldo, tampoco su finiquito ni nada pese a que trabajó ocho horas y media al día -con una hora para comer- de lunes a sábados, desde el 7 de mayo de 2018 al 4 de febrero de 2019, cuando fue escoltada hasta la salida de la nave de producción.
Tampoco recibió el acumulado del fondo de ahorro que la empresa maneja mediante un Fideicomiso en Banorte. Para dicho fondo le descontaban 33% de su pago total de 80 pesos diarios, quedándole un salario de 53.6 pesos al día.
Su salario no sólo representa un ingreso menor al mínimo vigente, también es inferior a lo que ella percibiría por el mismo trabajo en la misma empresa fuera de prisión.
Según el contrato colectivo del 15 de abril de 2016, un trabajador líder de producción percibía 166.16 pesos diarios, un ajustador de moldes, 147.64 y un operador de máquina de inyección y multifuncional (ensamble) percibía 131.27 pesos al día. Éste último es el nivel de actividad que desempeñó María de la Luz Miranda, pero ella recibió 51.27 pesos menos por cada día de trabajo.
Molesta por la manera con la cual fue despedida, buscó asesoría jurídica. La demanda laboral presentada a su nombre por el abogado Joel Hernández Vázquez -el 3 de abril último ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en San Luis Potosí- destapó un negocio de dimensiones colosales para al menos tres empresas potosinas.
Funcionarios estatales, desde el sexenio del panista Marcelo de los Santos Fraga (2003-2009) al actual del priista Juan Manuel Carreras López, literalmente le abrieron las puertas de los centros carcelarios de La Pila y de Matehuala a las empresas para que instalaran sus líneas de producción y emplearan a los presos bajo la figura de "becarios". A cambio, las fábricas deberían pagar por concepto de compensación no más de 30 mil pesos mensuales "en especie".
La supuesta compensación para los centros penitenciarios representa un monto muy por debajo de los 2 millones de pesos al mes que le costaría a cada empresa rentar una nave industrial para su producción.
Mano de obra barata... y cautiva
Los reclusos cumplen...
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