Hasta un autódromo se quiso robar Sabines
| Autor | Isaín Mandujano |
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Luego de casi cuatro años de litigios en los tribunales locales y federales, los propietarios de Operadora de Servicios Promocionales y Espectáculos S.A. de C.V. (OSPE) podrán recuperar el Autódromo Chiapas, del que fueron despojados durante el gobierno de Juan Sabines Guerrero mediante artilugios legaloides. En el despojo participaron servidores públicos, jueces locales y un grupo de particulares cercanos al gobernador.
La magistrada Susana Teresa Sánchez González, del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, puso fin a la prolongada disputa tras resolver los amparos indirectos en materia civil 314/2012 y 488/2012, mediante los cuales instruyó a la justicia civil local para que invalide la escritura pública que acreditaba como propietario al gobierno de Chiapas.
El empresario José Roqueñí Reyes, administrador único de OSPE, y sus socios fueron despojados "de mala fe" -según resolvió el Poder Judicial de la Federación- de un predio de 34.4 hectáreas, donde en 2008 construyeron una pista tipo Nascar -la primera de su tipo en Latinoamérica- con valor estimado de 138 millones de pesos (Proceso 1853).
El 24 de octubre de 2008, Roqueñí y sus socios adquirieron, con base en un contrato de compraventa notariado y ratificado por las partes, el terreno denominado Río Agua Dulce. Le compraron el predio a la familia Cancino, integrada por los esposos Augusto Enrique Cancino So-lórzano y María Dolores Ruiz Arizmendi, y los hijos de ambos, Enrique y Susy.
Los empresarios firmaron un contrato ante notario público por medio del cual se comprometían a pagar a los propietarios del predio la cantidad de 6 millones 495 mil 500 pesos en dos partes. La primera erogación sería por 3 millones 150 mil pesos pagaderos al momento de firmar la escritura el 31 de octubre de 2008, mientras que el segundo se liquidaría en diciembre del año siguiente.
Todo indicaba que se trataba de una compra legítima. Sin embargo, el gobierno de Chiapas, encabezado por Juan Sabines, coludido con Edgar Matute, director de Nascar Corona Series; su secretario de Hacienda, Carlos Jair Jiménez Bolaños, y otros servidores públicos, entre ellos Ricardo Serrano Pino, secretario de Infraestructura, y Alfredo Martínez de la Torre, secretario de Transportes, pagaron a la familia Cancino 7 millones de pesos -con recursos del erario- para "adquirir" el predio que ya estaba comprometido.
Pese a que ya había pactado la enajenación del terreno con Roqueñí y asociados...
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