Avances laborales, por presiones de Washington

AutorRosalía Vergara

Las demandas de justicia laboral que durante 30 años los sindicatos de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y la Nueva Central de Trabajadores (NCT), abogados laboralistas, legisladores y trabajadores han exigido que sean incluidas en la Ley Federal del Trabajo (LFT), por fin son retomadas por el gobierno federal... pero gracias a la presión de Washington.

En febrero, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) llevó a cabo diversos foros sobre justicia laboral, preparando el terreno para que el 28 de abril el presidente, Enrique Peña Nieto, enviara al Senado dos iniciativas para reformar y adicionar algunos artículos de la LFT y la Constitución. Las propuestas serán aprobadas por los legisladores en el próximo periodo de sesiones.

De manera sigilosa, el gobierno había preparado las minutas desde el año pasado debido a presiones desde Washington, que necesita que México se ajuste a los criterios en materia laboral para que pueda integrarse al Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, firmado el 4 de febrero en Nueva Zelanda) y así conformar la zona de libre comercio más amplia del mundo, con otras 11 naciones (Proceso 2050).

La presión de Washington y el apoyo de los sindicatos estadunidenses y canadienses lograron así que el gobierno cumpliera demandas históricas de los sindicatos democráticos, abogados de lo laboral y legisladores de izquierda, con el fin de acabar con dos grandes injusticias hacia la clase trabajadora: la parcialidad de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los contratos de protección patronal.

Entrevistados por separado, el litigante Arturo Alcalde y el director de Asuntos Internacionales de United Steelworkers, Ben Davis, dieron un voto de confianza a las iniciativas de reforma, aunque se dijeron preocupados porque las propuestas se queden en el papel o las minutas nunca se discutan en el Legislativo.

En la exposición de motivos de estas propuestas, la Presidencia reconoce que la reforma laboral de 2012 dejó temas pendientes, como las reglas para los contratos colectivos de trabajo, el emplazamiento a huelga y el recuento de los trabajadores para dirimir demandas laborales, las cuales fueron propuestas hace cuatro años por la senadora del PRD Alejandra Bárrales.

La reforma de ese entonces había sido consensuada entre el gobierno federal, las cúpulas empresariales, el PRI y el PAN para beneficiar a los empresarios. En una oscura negociación entre diputados priis-tas y panistas, se eliminaron las modificaciones a los artículos 388 bis y 390 de la LFT sobre la democratización y la transparencia de los sindicatos, y no se discutió la precarización y el abaratamiento del empleo (Proceso 1881).

En una audiencia de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, que se realizó el 11 de octubre de 2012, el dirigente colegiado de la UNT y líder de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, aseveró que la reforma...

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