Ayotzinapa: entre la inquisición y la democracia
Autor | Ricardo Raphael |
Destacan los textos publicados por Sergio Sarmiento, Carlos Marín, Jorge Fernández Menéndez y Héctor de Mauleón. Coinciden todos ellos en que el informe fue vago y cargado de intencionalidad política.
En palabras de Sarmiento, "no se está persiguiendo a quienes mataron a los normalistas sino a quienes investigaron el caso". Héctor de Mauleón añade con sospecha que "muy pronto veremos que el gobierno, a falta de hechos, ofreció cabezas (de la autoridad anterior)".
Comulgan los cuatro con que la versión ofrecida por esta administración no desacredita la verdad histórica original. Con distinto énfasis afirman que los testimonios autoinculpatorios de los presuntos autores materiales e intelectuales fueron desestimados con argumentos menores relativos a las fallas en el debido proceso. Insisten con que sobrevive robusta la versión de que, por lo menos la mitad de los normalistas, fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocu-la. Niegan que otras autoridades, aparte de las policías municipales, hayan participado en los hechos. Concluyen finalmente que esta investigación alternativa está herida por intenciones meramente políticas.
Con el respeto que cada profesional se merece me permito aquí responder a sus críticas, sin militancia por la causa ni sesgo político o ideológico.
Cabe afirmar que la verdad histórica defendida por el exprocurador Jesús Mu-rillo Karam y articulada por el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, colapsó jurídicamente y no existe más, tal como declaró el subsecretario Alejandro Encinas.
Aquella verdad histórica tuvo como base un conjunto de declaraciones auto-inculpatorias, todas obtenidas bajo tortura, que eran contradictorias entre sí y que exhibieron a una autoridad que se inventó una narrativa tan falsa como incongruente.
Fue por esta razón que el tribunal decimonoveno de circuito del Poder Judicial Federal, con sede en Reynosa, Tamauli-pas, expulsó del proceso penal los testimonios obtenidos mediante prácticas antijurídicas.
Sin esos testimonios, aquella verdad histórica fue herida de muerte y no es posible resucitarla más.
Reclaman mis colegas que el argumento de la tortura haya sido utilizado por los jueces para determinar que esas declaraciones eran una prueba ilícita. En realidad, lo ilícito es el reclamo. La Constitución mexicana establece que no puede ser considerada una prueba válida aquella confesión obtenida mediante coacción física o sicológica.
Quienes pretenden...
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